Espacio Público documentó más de 200 violaciones a la libertad de prensa el año pasado
Espacio Público documentó un total de 123 casos y 238 denuncias de violaciones a la libertad de prensa durante el 2025. La socióloga Marysabel Rodríguez dijo, durante la presentación del informe «Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela», que específicamente que hubo «una reducción significativa de 7% en relación al total de casos y de 62% menos en relación a las denuncias de violaciones» con respecto al año anterior.
Explicó que la reducción está «vinculada al contexto» porque en 2024 se manifestó una ola represiva importante después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y se mantuvo hasta finales de ese año.
Rodríoguez afirmó que el mes con mayor cantidad de denuncias fue enero y señaló que también estuvo vinculado al contexto político con «amenazas constangtes de intimidación a la cobertura periodística».
Las prácticas más comunes de violaciones a la libertad de prensa fueron la intimidación, la censura y hostigamiento judicial.
- Intimidación: «Tiene que ver con el impedimento de la cobertura de calle específicamente o con el desalojo de personas que sean periodistas o activistas que estén haciendo cobertura de determinadas situaciones en hospitales públicos, por ejemplo, o en instituciones públicas o en espacios públicos», precisó la especialista.
- Censura: con «26% que tiene que ver con la restricción del material periodístico, la eliminación de contenidos y también tiene que ver con el cierre de medios de comunicación.»
- Hostigamiento judicial: con «14% que derivó en una treintena de casos aproximadamente. Tiene que ver con el procesamiento judicial de personas por expresarse libremente, sean periodistas o activistas, infociudadanos o usuarios de redes sociales».
El Distrito Capital concentra el mayor número de casos y se le atribuye por ser la sede de los principales poderes públicos, donde se desarrollan más movilizaciones de calle y donde está gran parte de los medios de comunicación. Los estados que le siguen en violaciones a la libertad de prensa están Táchira con cinco casos, Bolívar, Lara y La Guaira con cuatro casos respectivamente.
La mayor cantidad de víctimas, expuso Marysabel Rodríguez, fueron periodistas y trabajadores de la prensa con 34% de los casos. 27% fueron particulares; es decir, personas que no son profesionales de la comunicación, pero que se expresan por medio de las redes sociales.
La proporción de víctimas por género es 72% hombres y 28% mujeres.
Durante 2025, se registraron el cierre de siete emisoras radiales en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre y hubo un total de 44 detenciones arbitrarias, que representan una reducción de 44% con respecto a 2024.
De las personas detenidas, «24 son particulares, es decir, personas no profesionales de la comunicación. 19 fueron periodistas y trabajadores de medios», indicó la socióloga.
Elementos como ruta de acción:
Carlos Correa, director de Espacio Público, propone tres elementos como ruta de acción:
- Liberación plena e inmediata de todas las personas judicializadas por expresarse: se argumenta que los casos «no deberían estar siendo procesados judicialmente ni detenidos» porque las leyes aplicadas son «contrarias a lo establecido en la Constitución venezolana y varias a las obligaciones que libremente y soberanamente la sociedad venezolana asumió en relación al derecho internacional».
- Derogatoria de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia: esta ley «se utiliza sistemáticamente para criminalizar» y tiene un «efecto de silenciamiento, de ahogamiento de la voz ciudadana». Corre afirma que la ley ha fracasado y es «contraria a la paz».
- Cese del bloqueo de portales web: Carlos Corre lo describe como un «bloqueo arbitrario» sin «ningún procedimiento administrativo» ni judicial, ni mecanismo de apelación. Esto reduce el tráfico de los portales, afectando la posibilidad de que las voces de periodistas y personas que publican tengan mayor alcance.
Desde Espacio Público insisten en que es necesaria la derogación inmediata de la Ley contra el Odio, pues la consideran un instrumento de control del espacio cívico y de censura instituiconalizada bajo el argumento de la seguridad nacional.
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