El caso Hernández Castillo: acusados de terrorismo por ser familia de un militar exiliado
La familia Hernández Castillo ha vivido un calvario desde enero del año pasado. Una serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que involucra a dos hermanas, un tío, un primo y la pareja del teniente Cristian Hernández Castillo, quien se encuentra exiliado actualmente, los ha mantenido moviéndose por diferentes centros de reclusión, tribunales y otros organismos en búsqueda de justicia.
«Estamos esperando la libertad que el señor (Jorge Rodríguez) dio de boca, porque de hechos nada… ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a privarlos de libertad? Henrry ya tiene un año y dos meses, no es posible que al cumplir el año fue que su mamá lo consiguió», señala Ruth Molero, tía de los Hernández Castillo y madre de Arialdo Camargo.
A quien se refiere es a Henrry Castillo Molero, tío de los hermanos Cristian, Aranza y Samantha Hernández. Fue detenido en Caracas el 24 de enero de 2025 dentro de su vivienda por funcionarios de la Dgcim. El 12 de febrero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo presentó bajo el alias de «Tío», y lo acusó de pertenecer a un «plan terrorista».
Posteriormente, el 11 de abril de ese año la defensora pública asignada al caso le dijo a la familia que había sido imputado por los delitos de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.
La CIDH, que le otorgó medidas cautelares a finales de julio de 2025, señaló que al no encontrar a su sobrino Cristian, el productor agrícola fue detenido en una operación donde se utilizaron drones. «Los familiares habrían sido advertidos que, si querían volver a ver con vida al beneficiario, Christian Hernández debía entregarse», destacó entonces el organismo.
En el caso del hijo de Ruth, Arialdo Camargo, es primo del militar. Su madre comenta entre lágrimas que fue detenido el 27 de noviembre de 2025 por comisiones de la PNB y la Dirección de Investigación Policial (DIP) dentro de su vivienda en Maracaibo (estado Zulia).
Ha acudido a diversos organismos, pero sin una respuesta concreta sobre una medida de libertad para su hijo. En el Ministerio Público le dijeron que Arialdo, en la audiencia de presentación, fue acusado de los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Pueden revisar sus cuentas y hasta la de nosotros, no tenemos para financiar un terrorismo», afirma Molero.
Su hijo fue trasladado de Maracaibo a Caracas, pero no se enteró de forma inmediata.
«Me iba a Zona 7, me decían que no estaba. Fui a todos los centros de detención en Maracaibo, me decían que no estaba. Una vez le dije a los funcionarios que se lo llevaron, porque yo los conocía, que dónde estaba mi hijo, por qué él no aparecía en Maracaibo», relata Molero.
– ‘Esa fue una comisión de Caracas, vaya y búsquelo en Caracas’, fue la respuesta.
Al mes de preguntar en varios centros de reclusión del Área Metropolitana, le confirmaron que Arialdo se encontraba en el Rodeo I. «Gracias a Dios está allí porque tuvo su mala vivencia en el centro penitenciario de investigación donde lo tenían».
Ruth Molero también comenta el caso de sus sobrinas. Samantha, la adolescente de 16 años, se encuentra en la «Entidad de Atención de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Dr. José Gregorio Hernández», ubicada en Antímano (suroeste de Caracas).
La joven fue detenida arbitrariamente el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dgcim en la casa de sus abuelos en El Valle, Caracas.
Este jueves 19 enfrenta la primera audiencia de juicio por los cargos de terrorismo y asociación para delinquir. Sin embargo, a mediados de enero, la organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la adolescente estaba siendo obligada por su defensora pública, Annely Ramos, a admitir los delitos.
Samantha Hernández Castillo fue presentada ante la jueza Kelly Nuñez, a cargo del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. A sus representantes se les impidió el acceso a la sala de audiencias.
“Es una joven que está estudiando el quinto año de bachiller y ahora no sabes que irá a pasar, cuando lo que quería era un mejor futuro en su país”, señala Ruth.
Mientras que Aranza Hernández, hermana de Cristian y Samantha, fue detenida en Maracaibo ocho días antes que su primo. «La sacaron de mi casa en pijama», denuncia su tía.
La joven de 19 años tenía cinco meses en su casa cuando fue llevada por los funcionarios de la PNB, los mismos que detuvieron a Arialdo. Ahora se encuentra detenida en La Crisálida, una cárcel para mujeres ubicada en Los Teques (estado Miranda).
Ruth Molero viaja desde Maracaibo para poder visitar a su hijo. A finales de enero, cuando pudo visitarlo por primera vez, coincidió con la madre de Henrry. Se acompañaron en la cola y se dieron fuerzas mutuas antes de ingresar al lugar, donde pueden ver a sus familiares a través de un vidrio.
Sin embargo, no ha visto a sus sobrinas, pues solo puede acceder un familiar directo a los horarios de visitas. «Como sus padres no están aquí, quienes van a las visitas son sus abuelos. Una semana puede entrar uno y la siguiente semana ingresa el otro».
¿De qué señalan a Cristian Hernández?
El teniente Cristian Hernández ha sido señalado junto a un grupo de militares de participar en la operación Aurora, como se denominó al asalto del Batallón Mariano Montilla (municipio Gran Sabana, estado Bolívar) el 22 de diciembre de 2019. Los militares, reunidos bajo el nombre de Movimiento La Espada de Dios, tomaron durante varias horas el cuartel junto a un grupo de pemones.
También ha sido vinculado a la llamada «operación Oro», que sería llevada a cabo en 2024 –según las autoridades– como un homenaje al exmilitar Ronald Ojeda, asesinado en Chile en febrero de 2024, y a Óscar Pérez, exfuncionario del Cicpc asesinado en 2018.
«Detrás de toda esta operación ha estado activa la participación de gobiernos extranjeros que pretenden atentar contra Venezuela», ha dicho el ministro Diosdado Cabello.
Detenida por ser pareja
Maykelis Borges Ortuño, de 26 años y con dos meses de embarazo, se enfrentó al escenario represor que sufren algunos familiares de presos políticos. El 29 de enero de 2025 fue detenida de forma arbitraria en las inmediaciones de la plaza Altamira (Caracas) junto al motorizado Eudi Andrade.
«Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado (régimen) ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Tras meses de reclusión en condiciones precarias en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue trasladada de urgencia para una cesárea el pasado 11 de agosto», ha denunciado el Foro Penal.
Maykelis Borges permanece recluida en el INOF junto a su bebé, de nombre Cristofer. Enfrenta cargos de terrorismo y traición a la patria «sin más evidencia que sus vínculos personales».
«Nosotros somos los que llevamos la alimentación, las vacunas, los chequeos médicos. Gracias a eso el niño está bien de salud», ha dicho el padre de Maykelis. «Tenemos un año yendo a todas partes: Ministerio Público, Defensoría, Cruz Roja… nadie nos da respuesta, nadie nos dice qué va a pasar».
Con información de TalCual