El aparato represivo está intacto pese a cambios «incompletos» tras el 3 de enero: ONU
Las estructuras que cimentan y han sido señaladas como responsables de la represión, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad siguen intactas en Venezuela, afirmó este miércoles la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, tras publicar un avance de su último informe y una investigación complementaria sobre el papel de los colectivos armados.
Aunque hubo una «disminución significativa» de las detenciones políticas de larga duración y de las desapariciones forzadas, relacionadas con el ataque militar estadounidense y captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, las autoridades no han impulsado las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora «significativa y sostenida» sobre el estado de los derechos humanos en el país, sostuvo la misión de la ONU en su informe.
La Misión de Determinación, compuesta por los expertos Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero, revisó el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y el 31 de julio de este año. El informe centra su atención en los abusos cometidos desde el año 2024 –marcado por las elecciones presidenciales– y, además, se publicó un documento sobre las violaciones cometidas por grupos civiles armados progubernamentales, mejor conocidos como «colectivos», así como los vínculos de estas estructuras con el Estado.
Si bien las autoridades ordenaron la excarcelación de cientos de presos políticos y se ha permitido «un margen algo mayor» para las protestas y la participación de la sociedad civil, el espacio cívico aún se encuentra de facto restringido por leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, que siguen vigentes, y periodistas y otros actores de la sociedad civil «siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana».
La Misión de Determinación también puntualizó que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país «conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas». Tampoco se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, «que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario».
Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la misión de la ONU por su participación en graves violaciones permanecen en sus cargos o fueron reasignados a puestos clave, mientras que la impunidad persiste.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», señaló Sofía Macher, presidenta de la Misión. «Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos».
Aparato represivo intacto, torturas continúan
La Misión de Determinación de Hechos afirmó que persisten los «patrones de tortura y malos tratos» contra los presos políticos, que según el Foro Penal venezolano son alrededor de 334 personas, entre hombres y mujeres. Solo después del 3 de enero investigaron 64 nuevos casos de tortura.
Los expertos destacaron la situación del Internado Judicial El Rodeo I, clasificado como una cárcel de máxima seguridad, donde se denunciaron prácticas como la «intubación forzada» y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la «máquina del tiempo».
En el Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar donde también están detenidos civiles, la misión documentó el confinamiento de personas en «celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo», exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes.
Asimismo, los expertos advirtieron que cientos de detenidos por razones políticas permanecen expuestas a «condiciones de detención deplorables», debido a la falta de alimentación adecuada, atención médica o acceso a agua potable segura.
La Misión concluyó además que «varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos», como el caso de Víctor Quero Navas, un comerciante que falleció bajo custodia mientras era víctima de desaparición forzada.
«A pesar de su incansable búsqueda de respuestas, su madre solo fue informada de su destino más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Carmen Teresa Navas murió diez días más tarde», recordaron los expertos.
Intimidación tras el 3 de enero
Entre septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, diversas organizaciones registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, 94% de ellas ocurridas antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión de Determinación identificó un «patrón recurrente» basado en arrestos arbitrarios de corta duración que, a su juicio, están «destinados a intimidar» a activistas opositores, periodistas y otros actores de la sociedad.
Pese a las excarcelaciones o libertades vía Ley de Amnistía, las organizaciones venezolanas registran entre 330 y 500 personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, los expertos destacaron que ante la ausencia de información oficial, transparente y verificable se hace «imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran las personas que permanecen detenidas y cuál es su situación jurídica».
«Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas», expresó María Eloísa Quintero, una de las expertas de la Misión.
También instó a Venezuela a revertir la decisión de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, además de «cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas».
Los expertos también solicitaron a la comunidad internacional que apoyen los esfuerzos destinados a acabar con la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho en el país.
«Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales», destacó Alex Neve, otro de los expertos. «Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país».
Los informes elaborados por la Misión de Determinación de Hechos serán presentados públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos este viernes 18 de septiembre.
TalCual