EE.UU. | Venezolanos que crucen ilegalmente la frontera con México no tienen derecho a pedir asilo
El gobierno de Joe Biden aseguró este jueves en rueda de prensa que los EE.UU, continúan recibiendo niveles records de venezolanos indocumentados que llegan por la frontera suroeste con México. Estos encuentros aumentaron casi cuatro veces durante el 2022 a un estimado de unos 180 mil venezolanos que ingresaron ilegalmente y que comprendieron el 11% de todos los encuentros de migrantes.
La rueda informativa ofrecida por Blas Núñez-Neto, sub Secretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, resaltó que la migración irregular desde Colombia a Panamá a través del Tapón del Darién se multiplicó por más de 30 veces desde el mes de abril y sigue creciendo.
Blas Núñez dijo que actualmente estiman que más de 3 mil personas en su mayoría venezolanos están cruzando a Panamá, por lo que para mejorar la seguridad de la frontera los EEUU en conjunto con el gobierno mexicano está implementando una política que impone consecuencias en la frontera a los venezolanos que cruzan de manera ilegal pero a la vez proporciona un incentivo en forma de proceso legal para quienes están dispuestos a esperar y enviar una solicitud para ir a Estados Unidos legalmente.
Recordó que «los venezolanos que crucen de manera irregular la frontera hacia Estados Unidos no podrán pedir asilo político», por lo que el Departamento de Seguridad Nacional anunció dos cambios de políticas claves: 1.- Los venezolanos que ingresan ilegalmente por la frontera serán inmediatamente devueltos a México y 2.- Se anuncia un nuevo proceso basados en el modelo de Unidos por Ucrania para permitir que ciertas personas con residencia en el país y con solvencia financiera presenten solicitudes de venezolanos para ingresar al país con un máximo de dos años y solicitud de autorización para poder trabajar.
El funcionario de la administración de Biden apuntó además que las personas no serán elegibles si han sido deportados de EEUU en un lapso anterior a cinco años a partir de la fecha del anuncio, y si ingresaron sin autorización después del anuncio.
Núñez-Neto argumentó que esto se debe a que están “bajo una obligación judicial para implementar la autoridad del Título 42 en la frontera, y esa autoridad tiene prioridad encima de nuestras autoridades de inmigración”.
El punto según hizo mención es que el programa intenta desincentivar el movimiento de los venezolanos por el hemisferio a Panamá a México y Estado Unidos.
Redacción La Mañana Digital