Dgcim, el organismo de contrainteligencia que pasó a ser centro de torturas
La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim), ubicada en la urbanización Boleíta del estado Miranda, se
convirtió en el principal centro de torturas del país
luego de haber destronado en 2019 al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional como el principal cuerpo de seguridad acusado por
este delito, tratos crueles, inhumanos y degradantes o desapariciones
forzadas.
La Dgcim no solo alberga a militares dentro de sus calabozos y los
distintos cuartos de tortura que han reportado las víctimas, familiares o
abogados. Un expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Nelson
Martínez, estuvo recluido en esas celdas hasta que fue trasladado de
urgencia a un centro asistencial, donde falleció por complicaciones de
una enfermedad preexistente que se agravó por las condiciones en las
cuales estaba detenido.
También han pasado por Boleíta exdirectivos de Citgo, una
clarinetista del sistema de Orquestas y ahora se encuentra detenido Juan
José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario
interino, Juan Guaidó.
Justamente la detención del tío de Guaidó dejó en
evidencia una de las prácticas de este organismo de seguridad: El aislar
a sus prisioneros durante el primer mes de detención. Romina Botaro, la
esposa de Márquez, señaló que funcionarios de la Dgcim le dijeron que
no iba a poder ver a su esposo durante 30 días, «que tampoco le llevara
alimentos porque ellos se los iban a proveer».
Abogados contactados por TalCual comentaron
que esta práctica es utilizada en muchas ocasiones para dejar que a la
víctima «se le pasen los morados y la hinchazón», luego de haber sido
sometida a torturas o tratos crueles. En el caso del tío de Guaidó, su abogado negó que hubiese recibido este tipo de trato.
Sobre el interior del Dgcim es poco lo que conoce, pero el teniente de la Aviación Ronald Dugarte,
quien trabajó en ese cuerpo de seguridad poco más de un año, logró
grabar una serie de videos que presentó en la Organización de Estados
Americanos (OEA) para mostrar el interior de Boleíta y las torturas a
las que son sometidos los presos políticos.
En los vídeos grabados por Dugarte, algunos de ellos a petición del
coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, jefe de
investigaciones de ese entonces de la Dgcim, se muestran al menos cinco
cuartos totalmente blancos, no superiores a los seis metros de largo por
seis de ancho, con puertas blancas o negras, sin ventanas, sillas o con
camas de cemento.
En esos cuartos mantienen a algunos presos políticos con las manos
esposadas en la espalda, sentados en el piso o encima de colchonetas,
algunas tiradas en el suelo de cerámica. Se pueden ver entre cuatro o
cinco personas dentro de estas celdas, mientras que otros permanecen en
solitario con parte de la cara tapada con una carpeta.
Dugarte mencionó que estos calabozos están en lo que se conoce como
la División de Búsqueda y Captura del edificio. Se comunican con
oficinas administrativas de la Dgcim, por pasillos igualmente blancos
aunque no tan estrechos como las celdas. En muchos de los calabozos hay
funcionarios en las cercanías custodiando las puertas.
Además de estas celdas también existen cuartos donde son interrogados los presos políticos. Víctimas que conversaron con TalCual
bajo anonimato explican que son cuartos generalmente pintados de
blanco, del tamaño normal de una oficina, donde no hay ventanas y solo
tienen un acceso. Generalmente hay una silla donde los encadenan y
comienzan los interrogatorios, muchas veces con la cara tapada.
Además se conoce la existencia de varios sótanos donde se guardan los
vehículos oficiales, pero que también son utilizados para cometer
tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los detenidos.
Dgcim en la mira
En el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(Oacnudh), publicado el 4 de julio de 2019, se señaló a la Dgcim como
uno de los cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos
crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40
y 50 civiles o militares permanecían detenidos en Boleíta, el cuartel
principal de la Dgcim en el país, durante 2019.
La Alta Comisionada apuntó directamente a la Dgcim por recurrir «de
manera habitual a esas medidas (torturas) para extraer información y
confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas».
Por esto, la Oacnudh acusó a las autoridades venezolanas de no
investigar con «prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia,
imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos
tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto
a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han
proporcionado reparaciones a las víctimas».
Por su parte, organizaciones no gubernamentales como Provea han
denunciado que la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el
país se han convertido “en una práctica generalizada y sistemática que
se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención
del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por
razones políticas. La tortura, como castigo ‘ejemplarizante’, se ha
institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo
empleado por la dictadura de Maduro”.
Provea pudo recopilar denuncias sobre 23 muertes
ocurridas en 2019 por presuntas torturas. Además, un total de 574
personas padecieron este delito por parte de funcionarios policiales o
militares, en especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Este número de personas torturadas constituye un aumento de 526,60%
en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año
2018. También es el registro más alto documentado por Provea durante 31
años de monitoreo sobre violaciones al derecho a la integridad
personal, superando a las 185 víctimas registradas en 2014.
La Dgcim contribuyó a la cifra de muertes en 2019 con el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Fue detenido el 21 de junio en una operación conjunta de la Dgcim y el
Sebin tras ser acusado de formar parte de una conspiración para
desalojar del poder a Nicolás Maduro.
Sus familiares denunciaron su desaparición al día siguiente. El 26 de
junio, donde nunca se llegó a conocer su paradero, la detención de
Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro de Comunicación Jorge
Rodríguez, quien lo acusó públicamente de los supuestos delitos de
“terrorismo, conspiración y traición a la patria”.
Dos días después de la información suministrada a los medios por Jorge Rodríguez, el capitán falleció como consecuencia de las torturas, incluso antes de haber sido presentado en tribunales.
Con información de http://www.talcualdigital.com