Desigualdad salarial y precariedad laboral: la realidad de los trabajadores en Venezuela
El tema de los salarios en Venezuela sigue dando de qué hablar. El 2023 inició con protestas por parte de los trabajadores del sector público y los pensionados, quienes exigen salarios y pensiones justas, que les permitan cubrir sus necesidades básicas en medio de una inflación que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), se situó en enero en 39,4 %.
El OVF apuntó que el salario promedio del sector privado, referido al comercio y servicios en el área metropolitana de Caracas, en diciembre de 2022, era de 139 dólares mensuales, reflejando que la brecha entre la remuneración promedio del sector privado respecto al público alcanzó casi el 200 %.
¿A qué se debe la desigualdad salarial?
Omar Zambrano, economista, jefe de Think Anova y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que es a causa de que el Estado es el patrono de aproximadamente 2 millones 200 mil empleados y, además, tiene la carga de unos 4 o 5 millones de pensionados.
«En estos momentos, el Estado venezolano es financieramente insolvente porque se quedó sin ingresos legítimos o tiene pocos ingresos dado al tamaño de sus gastos. El sector petrolero está disminuido a su mínima expresión, no están cobrando impuestos porque el IVA y el Impuesto sobre la Renta son pagados en bolívares, que es una moneda que perdió todo su valor, y no tiene acceso a préstamos internacionales», comenta en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
Una solución de carácter político
El incremento de la desigualdad salarial se agudizó desde 2018, cuando repuntó la hiperinflación y el Gobierno mantuvo una política de contención salarial para disminuir los gastos de su sector y seguirá aumentando porque el salario del sector público está atado en gran medida al salario mínimo, sostiene el economista y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet), Hermes Pérez.
Pérez dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los desafíos para acortar la brecha salarial son más políticos que económicos, puesto que en el 2022 el Gobierno percibió, al menos, 18 millones de dólares por la renta petrolera: un 200% más respecto al 2020.
Por ello, no se justifica que el sueldo mínimo sea el más bajo de Latinoamérica, considerando los 33 países que conforman la región, cuando en naciones con economías sumamente débiles como la de Haití, Cuba o Nicaragua los sueldos son entre 100 a 125 dólares, subraya el docente de la Unimet.
«Va a ser imposible que los salarios públicos mejoren si el Estado no logra sanear sus finanzas públicas; es decir, recibir financiamiento, atender el tema petrolero o dolarizar completamente y cobrar los impuestos en dólares. Se requiere un plan integral con apoyo internacional», comenta el jefe de Think Anova, Omar Zambrano.
Por su parte, Pérez resaltó que el incremento de los sueldos y salarios no debe verse solo como un aumento del gasto público, sino que tiene repercusiones positivas en la inversión y en que el Gobierno obtendrá más ganancias por impuestos en los distintos sectores, cuando aumente la demanda y por ende la inversión.
Sobre la petición de los empleados públicos de dolarizar los sueldos, ambos economistas coinciden en que no lo ven factible. Pérez aseveró que se necesita tener piezas del cono monetario estadounidense y eso amerita el permiso del Sistema de la Reserva Federal, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros para importarlos y de las aduanas, que en virtud de las relaciones inexistentes entre Venezuela y Estados Unidos, es prácticamente imposible. Por lo tanto, la solución sería contener la inflación.
«Si en el futuro se logra recuperar el sector petrolero, bien sea con el alivio de las sanciones o con inversiones petroleras y se empieza a producir más, se relajaría la restricción financiera sobre el Estado y quizás podrían pagar un poco más», declara Zambrano.
Por otro lado, la abogada Mary Olga Girán piensa que habría que establecer una mesa de diálogo, implementar políticas públicas que incentiven a la inversión y a la productividad, porque un aumento salarial que no esté sujeto a este último factor es inflacionario. Asimismo, opina que se debe proteger y favorecer a las empresas nacionales sobre las extranjeras.
Con información de Radio Fe y Alegría