Desde 2007 tres PM presos por sucesos de Puente Llaguno esperan beneficios procesales

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El 11 de abril de 2002 diecinueve personas murieron en un hecho que tuvo como protagonistas a gente inocente que marchaba para evitar la crisis que en ese momento ya se veía venir, unos pistoleros oficialistas y nueve funcionarios de la Policía Metropolitana, los únicos culpables según la justicia chavista.

Casi dos décadas después de los hechos, tres de esos policías continúan recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, estado Miranda, pese a que la ley les otorga derechos procesales desde 2007, los cuales han sido ignorados hasta ahora por las autoridades judiciales.

Los nueve funcionarios fueron sentenciados aún en contra de las evidencias que los exoneraban de responsabilidades. Cuatro de ellos hoy están en sus casas aquejados por graves patologías. Otros dos ya cumplieron de manera íntegra sus condenas a 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente.

Pero aún quedan tres funcionarios recluidos en Ramo Verde. Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín fueron condenados a 30 años de prisión. Los dos primeros nunca dispararon sus armas de reglamento. El calibre de las balas del arma de Héctor Rovaín no coincidió con las localizadas en los cadáveres de las únicas dos víctimas por las que se efectuó el juicio.

La jueza Calderón, hoy presidenta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sentenció a los PM señalados por homicidio calificado frustrado en grado de corresponsabilidad correspectiva, en cumplimiento de la orden dada por Hugo Chávez y transmitida por Eladio Aponte Aponte, expresidente de la Sala Penal del TSJ, y Luisa Ortega Díaz, ex Fiscal General de la República.

Con información de Tal Cual

La Mañana

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