Desacierto de políticas públicas combustiona el reclamo social en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró
779 protestas en febrero de 2020 por diversas causas sociales, que
afectan directamente la vida del ciudadano venezolano y que demuestran
las fallas de políticas públicas por parte del Estado para garantizar un
normal desenvolvimiento del día a día en el país.
El 75% de estas protestas surgieron para demandar derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, vinculados
principalmente con la exigencia de servicios públicos, reivindicaciones
laborales, educación, salud y alimentos.
A su vez, el 25% restante corresponde a los derechos políticos y este
número está altamente relacionado con las convocatorias realizadas por
la oposición.
Según la ONG, estas 779 manifestaciones representan un descenso de
51% en comparación con el mismo periodo del año 2019 que tuvo un total
de 1.600 protestas.
El primer lugar lo ocupa el estado Mérida con 158 reclamos, lo que
equivale a un 20% de la muestra total. Luego le sigue Táchira, Distrito
Capital, Anzoátegui y en el quinto puesto, el estado Bolívar.
Hay que resaltar que las razones de estas manifestaciones son por
servicios básicos para el correcto desenvolvimiento humano que el Estado
tiene como obligación garantizarlos, como por ejemplo: el colapso del
sistema de agua potable, electricidad, recolección de basura, escasez de
gasolina, fallas en internet y telefonía móvil, y además, las
ejecuciones, extorsiones, robos y maltratos consumados por funcionarios
del FAES, Dgcim y GNB.
Marco Ponce, coordinador nacional del observatorio destacó que: “los
venezolanos de todos los sectores han salido a las calles, pese a las
amenazas y represión por parte de organismos de seguridad, colectivos
paramilitares y simpatizantes del régimen de Maduro, para exigir en la
mayoría de los casos derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales”.
La crisis política y gubernamental, además de arrasar con los
servicios básicos, vulnera los derechos en otros sectores indispensables
para el correcto desarrollo del país. Entre ellos se encuentran los
derechos a la educación, justicia, laborales y a la participación
política.
Este informe del OVCS detalla cómo el desgobierno se ha instaurado
como un mecanismo para mantener oprimidos a los ciudadanos y como un
método de control social para así poder mantener vivo al Estado
forajido.
Sumado a esto, a pesar de la cantidad de exigencias realizadas a lo
largo del país, no hay respuesta para atender las demandas, consolidando
un sistema que desmejora la condición de vida y sin garantías de
resultados favorables.
La respuesta de Maduro ante este contexto ha sido la imposición del
miedo a través de las fuerzas de seguridad del Estado y la organización
de civiles armados para amedrentar y opacar las manifestaciones,
contrariando lo que establece el artículo 68 de la Constitución: “los
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin
armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe
el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Es inminente, para que se puedan garantizar los derechos humanos y
así aumentar la calidad de vida del venezolano, el cambio de gobierno a
uno que vele por la estabilidad y desarrollo social.
Se ha demostrado que el régimen de Maduro es contrario a lo que profesan estos derechos y que no es prioridad para él defenderlos, por ende, el ciudadano juega un papel crucial en este contexto para poder registrar las violaciones y hacer valer sus derechos civiles, políticos y de vida.
Con información de http://www.correodelcaroni.com