Denuncian que presos políticos fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno en El Rodeo I

Familiares de presos políticos recluidos en El Rodeo I denunciaron este viernes una situación de extrema gravedad dentro del penal, luego de conocer durante las visitas que sus parientes fueron brutalmente golpeados el pasado domingo, con perdigones, gas lacrimógeno y robo de pertenencias por parte de funcionarios del centro de reclusión o cuerpos de seguridad.

Según los testimonios recibidos por las familias, los efectivos ingresaron al área donde se encuentran los detenidos, los golpearon, les dispararon perdigones, les sustrajeron paquetería y pertenencias, y los obligaron a permanecer en las celdas pese al temor por las condiciones estructurales del penal tras los terremotos del 24 de junio. Las familias reportan al menos siete presos políticos desaparecidos, entre ellos José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz, además de varios heridos por perdigones y personas con síntomas graves: diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre.

Los familiares advierten que algunos detenidos se comunican «como si estuvieran sedados o bajo efectos de alguna sustancia», por lo que temen una situación de intoxicación dentro del penal. Denuncian además que los presos han reportado fracturas en columnas y daños estructurales desde los sismos, pero que son devueltos a las celdas y castigados cuando piden ser evacuados. «Ellos corren cuando tiembla, pero después obligan a nuestros familiares a volver a las celdas», denunció una familiar en las afueras de la cárcel.

Las familias —que llevan más de seis meses en vigilia desde el 8 de enero frente al penal— exigen fe de vida inmediata de todos los desaparecidos, atención médica urgente e independiente, ingreso de abogados y familiares, investigación sobre los actos de tortura, evaluación técnica de la infraestructura del Rodeo I y pronunciamiento urgente de Naciones Unidas y los mecanismos de protección de derechos humanos. «Responsabilizamos al Estado venezolano por la vida, integridad física y salud de todas las personas privadas de libertad bajo su custodia», señala la denuncia.

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