Denuncian ilegítima imposición de magistrados del TSJ
El Gobierno Legítimo condenó este martes 26 de abril la arbitraria decisión del régimen chavista de imponer a dedos a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia denunció que el 60% de los magistrados y magistradas del “nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) están repitiendo en sus cargos.
“De los 20 del total, 12 de los del anterior período repiten (60%), siendo mayoría en las salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral”, señaló la ONG.
Entre los magistrados que repiten en sus cargos se encuentran:
- Gladys María Gutiérrez Alvarado (Magistrada repitiente, expresidenta del TSJ, exrectora del CNE y representante del régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional)
- Lourdes Benicia Suárez Anderson (Magistrada repitiente, hermana del fallecido fiscal Danilo Ánderson)
- Luis Fernando Damiani Bustillos (Magistrado repitiente)
- Calixto Antonio Ortega Ríos (Magistrado repitiente)
- Malaquías Gil Rodríguez (Magistrado repitiente)
- Bárbara Gabriela César Cierro (Magistrada repitiente)
- Fanny Beatriz Márquez Cordero (Magistrada repitiente)
- Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Magistrado repitiente)
- Elisa Janeth Gómez Moreno (Magistrada repitiente)
- Maikel José Moreno Pérez (Magistrado repitiente, expresidente del TSJ)
- Edgar Gavidia Rodríguez (Magistrado repitiente)
- Carmen Heredia Álvarez Navas (Magistrada repitiente)
Comunicado completo:
Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la imposición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y de su ilegítima Asamblea. Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos que han sufrido en carne propia las arbitrariedades por las que se ha caracterizado la vida en Venezuela en las últimas dos décadas.
Este lamentable acto busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia del país, con el objeto de entorpecer los esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dedicado años a la búsqueda de justicia y reparación en nuestro país.
Por ello, lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de “principio de complementariedad” entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera.
En ese sentido, instamos a la comunidad internacional a desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela. Exhortamos, de igual forma, a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra se todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de Maduro.
Nuestro llamado a los actores políticos, organizaciones, familiares y víctimas es a no desmayar en la lucha por conseguir que se haga justicia tras tantos años de lucha, y a no permitir que este espejismo de reforma judicial evite que se logre una verdadera reparación ante lo sufrido. Desde el Gobierno Legítimo continuaremos impulsando la negociación como mecanismo fundamental para la reinstitucionalización de Venezuela, proceso urgente para garantizar un futuro mejor para nuestros ciudadanos.
Con información de La Patilla / Reporte Uno