Delsa Solórzano advirtió que reforma de la Ley contra el Odio no garantiza derechos
La dirigente opositora Delsa Solórzano insistió este martes 3 de noviembre en la necesidad de derogar por completo la Ley contra el Odio, al considerar que la reforma impulsada por el chavismo no elimina el carácter represivo de una legislación que, según denunció, ha sido utilizada para perseguir a quienes mantienen posiciones contrarias al poder.
Su pronunciamiento, difundido a través de su cuenta en X, se produjo después de que la Asamblea Nacional chavista aprobara en primera discusión una propuesta para sustituir las penas de prisión contempladas en la normativa por multas, trabajo comunitario y otras sanciones administrativas.
«Reitero mi posición: la llamada Ley contra el Odio debe ser DEROGADA en su totalidad. La persecución no se reforma. Se elimina», expresó Solórzano, quien descartó que una modificación de las sanciones sea suficiente para corregir los cuestionamientos que pesan sobre la legislación desde su aprobación en 2017.
La dirigente sostuvo que el problema no radica únicamente en las condenas de hasta 20 años de cárcel previstas en la norma, sino también en las facultades que otorga al Estado para intervenir en el ejercicio de derechos ciudadanos. En ese sentido, advirtió que «esta ley ha servido como instrumento de persecución contra quienes piensan distinto y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución».
Además, cuestionó las disposiciones que, a su juicio, amplían el control estatal sobre espacios que van más allá del debate político. Señaló que la normativa «extiende la injerencia del Estado a ámbitos tan sensibles como la familia, la educación y la organización de las comunidades, e incorpora a las estructuras del llamado Poder Popular en su aplicación».
Para Solórzano, mantener esas disposiciones mientras se modifican los castigos no representa una solución a las denuncias de persecución. «Sustituir penas de prisión por multas o modificar algunos artículos no subsana los vicios de una legislación contraria a los principios mismos del Estado de Derecho», subrayó.
La Patilla