Codehciu contabilizó 218 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Bolívar en 2019
Más víctimas de un rastro de violencia en Bolívar: El Estado
venezolano no solo ha perdido el control de la seguridad debido al
incremento de bandas delictivas que se apoderan de zonas mineras del
sur; también impone miedo en comunidades vulneradas.
En el último reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la
Ciudadanía (Codehciu), ONG defensora de derechos humanos, se evidencia
que en 2019 hubo más de doscientas víctimas de presuntas ejecuciones
extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar.
El mes con más asesinatos en manos de funcionarios del Estado fue
marzo, con 35 muertes. Le siguen agosto con 31, abril con 24 y julio con
22. Mientras que el mes con menos víctimas fue junio con 9.
Este monitoreo de ejecuciones extrajudiciales de Codehciu adopta
elementos importantes de los principios del Protocolo de Minnesota,
documento internacional que tiene el objetivo de proteger el derecho a
la vida y la promoción de la justicia e investigación eficaz de toda
muerte potencialmente ilícita.
El año pasado, cuando el monitoreo cumplió 12 meses en ejecución,
entre abril de 2018 y abril de 2019 Codehciu registró 140 víctimas. Pero
desde enero 2019 a diciembre del mismo año, se han registrado 218.
¿Y el derecho a la vida?
Dentro del último informe semestral del año pasado, Codehciu resalta:
“El derecho a la vida es el lógico prerrequisito para el goce de los
derechos humanos. La obligación del Estado de respetar, proteger y
cumplir este derecho se deriva del artículo 3º de la Declaración
Universal de los derechos humanos. Y del artículo 1º de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre ‘Nadie podrá ser privado de
la vida arbitrariamente’”.
Pero la violencia tiene a las familias bolivarenses de luto. Durante
el 2019 el estado Bolívar se ha caracterizado por sucesos violentos, lo
que evidencia una falta de políticas destinadas a sancionar estas
conductas de funcionarios, que atentan contra los derechos humanos. Se
ha hecho un clamor constante: el de familiares exigiendo justicia por
casos de ejecuciones extrajudiciales.
Por otro lado, la ciudadanía exige sus derechos ante las
catastróficas consecuencias de la violencia. En octubre y noviembre de
2019 se registraron protestas por parte de madres y esposas, víctimas
indirectas de las ejecuciones, en las adyacencias de la Fiscalía del
Ministerio Público, en Puerto Ordaz; denunciaron al comandante Ernesto Solís como responsable de cometer este tipo de ataques.
Negligencia
En el contexto violento del estado Bolívar también abunda la
impunidad y la negligencia ante estos hechos. Durante el segundo
semestre del 2019, Codehciu registró 113 muertes potencialmente
ilícitas, en manos de cuerpos policiales que usan la fuerza de manera
desproporcionada, e incumplen las normas que establecen los principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Durante el mismo semestre, 5 personas murieron estando bajo la
protección del Estado, hombres que se encontraban recluidos en centros
penitenciarios; 4 de estos en los calabozos del Centro de Coordinación
Policial de Guaiparo, y el quinto en los calabozos del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Ciudad
Bolívar.
Estas muertes, según lo indicado en el Protocolo de Minnesota,
también se consideran como potencialmente ilícitas porque “la muerte
sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la
custodia del Estado, sus órganos o agentes. Incluye este supuesto, por
ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros
lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones
donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”.
De mal a peor
En el municipio Caroní se contabilizaron 46 ejecuciones
extrajudiciales en el último semestre del 2019 y una evaluación del
último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de ese año indica que
estuvo a la par con Sifontes entre los más violentos en casos de
ejecuciones extrajudiciales. Para este periodo, les siguen Heres y El
Callao.
En el mismo trimestre, Codehciu observó cómo la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) fue el órgano más involucrado en estas
violaciones a derechos humanos, pero en la sumatoria de los últimos seis
meses es el Cicpc el ente que encabeza la lista como el más violento
dentro del estado Bolívar.
Entre tantos casos, a veces son los más jóvenes quienes protagonizan
estas historias de injusticia y muerte. Jesús Hernández es uno de los
reseñados por Codehciu. De 22 años, el asesinato del joven fue
registrado el 27 de marzo de 2019. Vendía combustible en Santa María de
Upata y, durante un presunto “operativo de seguridad”, como señalaron
reportes de prensa, fue ejecutado por efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB).
Codehciu recomienda al Estado Venezolano mantener a los miembros de
los cuerpos de seguridad en un proceso de formación permanente en
materia de derechos humanos; además, denuncia que este, con todos sus
organismos, es el responsable de las investigaciones imparciales de
estos hechos.
“El Estado debe establecer políticas de seguridad ciudadana eficientes y no violatorias de los Derechos Humanos”, alerta la ONG.
Con información de Correo del Caroní