Caroní fue el municipio de Bolívar con más ejecuciones extrajudiciales en el tercer trimestre del año
29 de 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el tercer
trimestre de 2020 ocurrieron en el municipio Caroní, el más poblado del estado
Bolívar, de acuerdo con el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y
la Ciudadanía (Codehciu). A Caroní le siguen Angostura del Orinoco (18), El
Callao (8), Sifontes (3) y Piar (2).
Agosto se posicionó como el mes en el que hubo más muertes
violentas a manos de efectivos de seguridad del Estado, pues la organización
documentó 31 víctimas.
Caroní continúa siendo el municipio que registra mayor
cantidad de ejecuciones extrajudiciales, entre enero y agosto: 91 personas
fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en este territorio.
20% de las muertes en el tercer trimestre de 2020 ocurrieron
bajo la custodia o la detención del Estado. Siete personas detenidas fueron
asesinadas en el centro de coordinación policial de Guaiparo en el municipio
Caroní. Tres ciudadanos murieron en el centro penitenciario Oriente (cárcel El
Dorado), una persona fue asesinada en el centro penitenciario de Vista Hermosa
en Ciudad Bolívar, y otra murió en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Upata, en el municipio
Piar.
Al menos 10 cuerpos de seguridad del Estado -tanto militares
como policiales- están involucrados en las muertes documentadas por la
organización. 75% de las víctimas murieron a manos de las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES), el Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la
División de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar
(Diepeb).
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, las
ejecuciones extrajudiciales o muertes ilícitas son homicidios cometidos
deliberadamente por un servidor público, valiéndose de su investidura para
justificar el crimen. Las ejecuciones extrajudiciales son graves
violaciones a los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de
investigar de forma imparcial los casos, prevenir, sancionar y reparar a las
víctimas involucradas.
La mayoría de las personas contabilizadas por Codehciu
fueron asesinadas en operativos de seguridad de cuerpos del Estado. En el
primer semestre de 2020, la organización contabilizó 127 ejecuciones
extrajudiciales en las que impera la impunidad y falta de transparencia de las
instituciones públicas para esclarecer los hechos, toda vez que familiares
exigen no solo justicia, sino que se redima el nombre de los ciudadanos
presuntamente ejecutados.
Familiares de Moisés Heredia y José Miguel Heredia, ambos de
23 años, llevan dos años clamando por justicia. Moisés fue ejecutado por
funcionarios del Cicpc y José Miguel fue asesinado por efectivos de la Sipeb.
A menudo, dolientes de las víctimas denuncian que los
órganos de seguridad roban la propiedad de quienes asesinaron a mansalva y
manipulan las evidencias, como relatan los familiares de José Enrique
González, de 23 años, y Johandris Blanco, de 24 años, ambos ejecutados el 7 de
septiembre por las FAES en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Esto también
lo ha denunciado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet.
En la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet
denunció que en Venezuela ha habido más de dos mil crímenes en operativos de
las FAES en barrios pobres de Venezuela.
El informe más reciente de la ONU pide al Estado venezolano rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad y pidió específicamente la desarticulación de las FAES. Las entrevistas hechas por la misión de determinación de hechos a funcionarios del Estado revelan que es una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular enfrentamientos, y que los superiores autorizan a los funcionarios para matar.
Información de Correo del Caroní