Bloomberg: Venezuela abre su economía a EE.UU., pero la transición política sigue sin fecha
Venezuela avanza en la apertura de sectores estratégicos a la inversión extranjera y estrecha sus relaciones con Estados Unidos, mientras la ruta hacia una transición política sigue sin un calendario electoral definido.
La combinación plantea una interrogante sobre el rumbo del país: ¿la cooperación entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez conducirá a una transformación institucional o permitirá al chavismo adaptarse al nuevo equilibrio de poder?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 alteró la relación entre ambos países. Desde entonces, la Administración de Donald Trump ha estrechado sus vínculos con Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada, y ha impulsado acuerdos para facilitar la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera venezolana.
Al mismo tiempo, Washington respalda un proceso de negociación entre el gobierno y un sector de la oposición, con el propósito de avanzar en reformas políticas e institucionales antes de unas futuras elecciones.
Sin embargo, el acercamiento económico no ha estado acompañado de una fecha para las elecciones presidenciales ni de garantías definitivas sobre las condiciones en que se celebrarán. Para Franklin Camargo, analista que sigue la política venezolana y las relaciones entre Caracas y Washington, esa diferencia es fundamental para evaluar el alcance de la estrategia estadounidense.
El levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, ilustra la nueva dinámica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró al dirigente chavista de su lista de sancionados el 14 de octubre, en un momento en que encabeza la representación gubernamental en las conversaciones políticas.
La decisión permite desbloquear los activos sujetos a la jurisdicción estadounidense y elimina las restricciones que derivaban de su inclusión en esa lista. El Tesoro no explicó públicamente los motivos específicos de la medida.
“Es una estrategia de negociación. No nos equivoquemos: Estados Unidos está tratando con él y con su hermana, Delcy Rodríguez, para promover los intereses estadounidenses”, sostiene Camargo al ser consultado por Bloomberg Línea.
El analista considera que el levantamiento de sanciones a funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos o delitos debe evaluarse por sus resultados, no únicamente por el cambio de posición de Washington. A su juicio, cualquier flexibilización solo tendría sentido si contribuye a una transición política estable y duradera que amplíe las libertades de los venezolanos y proteja los intereses estadounidenses.
Camargo, quien defiende las sanciones como instrumento de presión, sostiene que la captura de Maduro ha modificado las herramientas disponibles para Washington. En su interpretación, la capacidad de presión militar de Estados Unidos puede resultar ahora más determinante para conseguir la cooperación del gobierno venezolano que las restricciones económicas.
El analista advierte, no obstante, que retirar sanciones sin avances políticos verificables podría convertirse en un error estratégico. La cuestión es si los incentivos que Washington ofrece a los dirigentes chavistas se traducirán en cambios institucionales o si permitirán una normalización de las relaciones sin modificar las estructuras que han sostenido el sistema político venezolano.
¿Qué ocurre con la fecha electoral?
Las conversaciones entre el gobierno y la representación opositora encabezada por Dinorah Figuera entraron en su tercera ronda el 14 de octubre. El proceso, impulsado con respaldo de Estados Unidos, tuvo dos ciclos anteriores: uno en agosto y otro en septiembre, en los que se abordaron la reforma judicial, las garantías políticas y civiles y la liberación de presos políticos.
En la tercera ronda, las discusiones se han centrado en la transformación del sistema de justicia y las garantías para la renovación institucional. La delegación opositora ha consultado a organizaciones de la sociedad civil y al Colegio de Abogados de Caracas sobre propuestas para reformar el sistema judicial y ampliar las garantías civiles y políticas.
Uno de los puntos centrales es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), junto con la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso judicial se desarrolla con interrogantes sobre los criterios de selección de magistrados, la transparencia de los procedimientos y la capacidad de los cambios para reducir la influencia política sobre los tribunales.
La discusión también abarca la recuperación de los derechos políticos de dirigentes opositores inhabilitados, así como la restitución de partidos intervenidos judicialmente. La delegación de Figuera busca que las conversaciones permitan establecer las condiciones para unas elecciones libres y competitivas, pero hasta el 20 de octubre no se había anunciado una fecha para las presidenciales ni un calendario electoral definitivo que logre resolver la crisis política agravada tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Ese vacío ha alimentado las críticas contra la mesa, tanto por la ausencia de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como por la falta de compromisos públicos que permitan medir los avances.
La controversia se intensificó el 16 de octubre, cuando Figuera respondió a los cuestionamientos sobre el proceso y afirmó que las redes sociales “no son el interés del pueblo”, además de aludir a la existencia de “gente organizada para desdibujar un liderazgo”.
La respuesta de Figuera refleja la tensión entre quienes consideran que la negociación constituye una oportunidad para conseguir cambios institucionales y quienes temen que el proceso prolongue la permanencia del chavismo en el poder sin ofrecer garantías democráticas. La falta de una fecha electoral y de información detallada sobre los compromisos discutidos continúa siendo uno de los principales puntos de fricción.
Figuera ha defendido la continuidad de la mesa y ha insistido en que su objetivo no debe confundirse con su permanencia como interlocutora. Su planteamiento es que el proceso puede incorporar a otros sectores y servir para alcanzar acuerdos que permitan recuperar la institucionalidad, aunque esa apertura todavía no se ha traducido en la participación directa de Machado y González Urrutia en las conversaciones.
¿En qué se basa el acuerdo de la oposición?
Mientras la negociación avanza, la oposición intenta articular una posición común sobre las condiciones que debería cumplir una transición democrática. La Plataforma Unitaria Democrática presentó el 18 de octubre el Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República, una propuesta de 14 puntos que ratifica el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y plantea una hoja de ruta para la reconstrucción institucional.
El documento incluye la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, la recuperación de los derechos políticos, la independencia de los poderes públicos y la celebración de elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables en el menor tiempo posible. También plantea la necesidad de restablecer las garantías constitucionales y desmontar las estructuras represivas del Estado.
Machado respaldó la iniciativa, que busca establecer una posición compartida sobre el rumbo político del país. Su ausencia de la mesa de negociación, sin embargo, mantiene abierto el debate sobre quién debe representar a la oposición y cómo conectar las conversaciones en curso con las demandas de los sectores que reclaman una transición democrática.
Biagio Pilieri, dirigente de Convergencia y uno de los promotores del acuerdo, defendió en una entrevista radial la necesidad de construir un gran acuerdo de unidad nacional para reconstruir la República. Su planteamiento introduce un matiz relevante: la búsqueda de consensos amplios no excluye, a su juicio, el papel que desempeña la representación de Figuera en las negociaciones.
La cuestión es si esas dos vías podrán conectarse en una hoja de ruta común. Un acuerdo opositor puede expresar objetivos y establecer condiciones, pero su capacidad para influir en el proceso dependerá también de que sus propuestas se traduzcan en compromisos verificables y de que exista una interlocución efectiva entre los distintos sectores.
“Garantiza que lo que allí se acuerde las partes lo cumplan y lo que nosotros queremos es ir lo más rápido posible a una reinstitucionalización del país, que tengamos lo más pronto posible un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo sistema judicial (…) que tengamos lo más pronto posible un Consejo Nacional Electoral y más, un nuevo sistema electoral que podamos de ahí surgir de, con cronogramas electorales’’.
Para Camargo, el problema trasciende la identidad de quienes participan en las conversaciones. El analista sostiene que el chavismo constituye una estructura de poder que no desapareció con la salida de Maduro y que las concesiones actuales responden, principalmente, a la presión estadounidense.
¿Cuáles son los límites de la apertura económica?
La presidenta encargada ha defendido el acercamiento con Washington como una oportunidad para recuperar la producción petrolera y atraer capital extranjero. El 17 de octubre afirmó que Venezuela espera captar cerca de US$76.000 millones en inversiones petroleras durante los próximos cinco años, en virtud de los acuerdos firmados recientemente.
También señaló que el acuerdo bilateral con Estados Unidos contempla planes para poner en funcionamiento 250 taladros de perforación en 17 campos petroleros.
La proyección forma parte de una estrategia más amplia para reactivar una industria afectada por años de desinversión, problemas operativos y restricciones derivadas de las sanciones. Rodríguez también ha destacado la firma de 61 acuerdos con compañías petroleras y la negociación de otros 44, según declaraciones recogidas por Bloomberg Línea.
Sin embargo, los compromisos anunciados no equivalen necesariamente a inversiones ya ejecutadas. La materialización de esos recursos dependerá de las condiciones contractuales, la capacidad operativa de la industria y la confianza de las compañías en el marco jurídico venezolano.
Camargo considera que la apertura actual no debe confundirse con un cambio ideológico del gobierno. “Delcy Rodríguez es marxista y está haciendo concesiones limitadas bajo la presión de Estados Unidos”.
Su evaluación parte de la experiencia de expropiaciones y nacionalizaciones que ha marcado la relación entre el Estado venezolano y las empresas privadas. A su juicio, la protección de la propiedad privada es indispensable para que los nuevos acuerdos se conviertan en inversiones sostenibles.
El analista defiende una agenda de reformas que incluye privatizar industrias estratégicas, atraer capital extranjero, garantizar la seguridad jurídica y avanzar hacia la dolarización. También plantea la restitución de terrenos y empresas expropiados a sus propietarios originales.
Se trata de una propuesta económica de orientación liberal que, en su opinión, requeriría una transformación política e institucional más profunda. Para Camargo, la inversión no puede depender exclusivamente de acuerdos con el gobierno de turno: necesita reglas estables, mecanismos de resolución de disputas y garantías de que los activos privados no volverán a estar sujetos a decisiones discrecionales.