Ayuda internacional cubre 55 % de tratamiento contra VIH en el país

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Manuel, un barquisimetano de 41 años, fue diagnosticado con VIH a principios de 2014, justo un día antes de que falleciera su padre. “Decirte que fue una etapa oscura sería una atenuación de las circunstancias, pero pude sobrevivir al shock de enfrentar ambas cosas”, expresa.

Tras el resultado inicial le ordenaron exámenes de confirmación y control. Para el momento, en Barquisimeto funcionaba un centro de inmunología próximo al Hospital Antonio José María Pineda. Le hicieron gratuitamente la prueba confirmatoria ELISA, así como su primer conteo de linfocitos CD4, CD8 y carga viral.

“Ese fue el punto de partida del viaje de todos estos años”, comenta. Pero las cosas han cambiado drásticamente desde entonces. La crisis económica y la emergencia humanitaria compleja en el país fueron limitando tanto la atención como el suministro de tratamientos a quienes viven con VIH en Venezuela.

La última vez que Manuel pudo hacerse los exámenes de control del VIH de forma gratuita fue en 2016. Justo en ese año, el Estado dejó de adquirir tratamientos contra el VIH y el colapso del sistema de salud pública restringió y casi anuló la posibilidad de pruebas diagnósticas y de control gratuitas.

“A partir de 2017, he tenido que hacer mis exámenes de control en laboratorio privado, en un único sitio que hay en Barquisimeto. Desde allí se envían las muestras de sangre congeladas a Valencia para procesarlas”, cuenta.

Los últimos exámenes de linfocitos CD4, CD8 y carga viral que se hizo en septiembre de 2022 le costaron $ 140. Un amigo que se los practicó recientemente le contó que tuvo que pagar $ 180. En poco más de dos meses, aumentaron casi $ 40. La inflación ha repuntado en los últimos tres meses y los venezolanos con enfermedades crónicas, que ameritan controles de salud frecuentes, sufren las consecuencias.

Casi cinco años después de ser diagnosticado como VIH positivo, en el año 2019, Manuel debió iniciar su tratamiento antirretroviral, que ayuda a impedir la replicación del virus en el organismo. Por fortuna, no ha tenido que interrumpir su medicación por retrasos o ausencia en la distribución del fármaco.

“Mis últimos exámenes arrojaron resultado indetectable, eso significa que mi sistema inmunológico se ha ido recuperando gracias al tratamiento”, añade. Esta es la importancia de contar con un tratamiento antirretroviral adecuado e ininterrumpido. Lograr esta estabilidad en Venezuela es un permanente desafío.

Ayuda salva vidas

Manuel es uno de los miles de venezolanos con VIH que hoy tienen acceso a la terapia antirretroviral gracias a la comunidad internacional. Desde 2019 hasta ahora, se estima que 58.000 personas con VIH salvaron su vida gracias al tratamiento donado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, explicó Alberto Nieves, director ejecutivo de Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI).

“En 2018, la cobertura de tratamiento llegó apenas a 16 %. Estamos hablando de que un 84 % de las 120.000 personas que vivían con VIH para aquel momento, según datos oficiales publicados por la OPS y ONUSIDA, no ingerían tratamiento antirretroviral porque el Estado venezolano no se los garantizó”, lamentó.

En Venezuela, desde 1999, el Tribunal Supremo de Justicia (antigua Corte Suprema de Justicia) ordenó al Ministerio de Salud garantizar la entrega de los medicamentos antirretrovirales, de las medicinas para el tratamiento de infecciones oportunistas asociadas al sida y la realización de los exámenes de laboratorio necesarios. Pero en 2009, inició la crisis en la respuesta para esta situación.

En 2012 y 2013, Venezuela ya ocupaba el primer lugar por desabastecimiento de antirretrovirales en América Latina por dos años seguidos, se recuerda en el informe «VIH en Venezuela, un asunto en estado de emergencia», elaborado por la organización Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI).

En el año 2016, las autoridades sanitarias informaron a representantes de la Sociedad Civil que no comprarían antirretrovirales por falta de disponibilidad de recursos, lo que representó que un número importante de personas con VIH dejaran de recibir sus terapias antirretrovirales y propició un aumento “vertiginoso” de hospitalizaciones por deterioro de la salud y de personas fallecidas por ausencia de estas medicinas.

Ante la ausencia del Estado, que alega no tener recursos para garantizar la terapia antirretroviral a los más de 100.000 venezolanos que viven con VIH, es el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria el que dona a Venezuela, desde el año 2019, el tratamiento antirretroviral conocido como TLD, que integra tres principios activos en una sola pastilla (Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir).

“Este medicamento TLD es uno de los mejores del mundo, de alta tecnología, el que produce menos efectos adversos y que ha sido muy bien tolerado en las personas con VIH en Venezuela”, explica Nieves. Por los momentos, es la única terapia antirretroviral disponible. Si la persona no lo puede tomar o no la tolera, no tiene otra opción.

“Hay otras terapias que llegan, pero en pequeñas cantidades, a través del Fondo Mundial. El sistema público de salud no adquiere ningún tipo de medicinas ni para controlar la replicación del virus ni para tratamiento de infecciones oportunistas asociadas al sida”, resalta Nieves.

Gracias a la donación del Fondo Mundial, en menos de un año, la cobertura de tratamiento a pacientes con VIH aumentó de 16 % en 2018 a 40 % a finales de 2019.

Actualmente, se estima que la cobertura de tratamiento antirretroviral está cerca del 55 %, lo que significa que aún 4 de cada 10 personas con VIH en Venezuela no está siendo tratada.

Burocracia retrasa entrega 

La compra de tratamientos contra el VIH para Venezuela es puntual. Los recursos del Fondo Mundial son entregados a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien adquiere las medicinas a través del fondo estratégico de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Estos entes garantizan que sean de una versión genérica de alta calidad y a buen precio.

El traslado del tratamiento a Venezuela corre por cuenta de la OPS. Al llegar a la aduana es entregado al Programa Nacional del Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) para su almacenamiento en el depósito central en Charallave, estado Miranda. Desde allí, se distribuye a las farmacias dispensadoras de antirretrovirales adscritas al programa nacional.

“Las medicinas son trasladadas por Unicef, la OPS y ONUSIDA con recursos propios de estas tres agencias de Naciones Unidas, debido a que el MPPS no tiene capacidad de respuesta para trasladarlas, porque ha reconocido que su flota de camiones está inservible, sin repuestos, dañados u obsoletos”, acota el director de ACCSI.

Al llegar a las farmacias adscritas, los tratamientos son entregados a quienes tengan una prescripción del médico tratante y estén inscritos en el Programa Nacional de Sida.

Las organizaciones no gubernamentales del país son vitales en el monitoreo comunitario y para poder garantizar que el medicamento donado por la cooperación internacional o Fondo Mundial “le llegue debidamente a las personas con VIH”, indica Nieves.

“La sociedad civil reporta a las Naciones Unidas y al Fondo Mundial como organismo donante. Es una manera de garantizar transparencia, rendición de cuentas y además poder mostrar que en Venezuela hay una sociedad civil que contribuye al rescate del sistema público para su fortalecimiento”, enfatiza.

Pero los procesos burocráticos dentro del MPPS, en ocasiones, imponen barreras y obstáculos para la distribución de estos tratamientos. Desorganización y falta de recursos humanos capacitados para llevar un programa de salud de esta envergadura son algunas de las causas.

“En ocasiones, faltan firmas o documentos para la movilización de las medicinas. En algunos momentos, hemos tenido episodios de desabastecimiento, no porque falte la medicina, sino porque no sale del depósito central del MPPS por incapacidad del propio ministerio y asuntos burocráticos. Esto impacta en la salud de personas con VIH. En estados como Nueva Esparta, Zulia, Lara hemos tenido desabastecimiento de hasta un mes, y no porque no hubiese medicamento antirretroviral donado por la cooperación internacional”, denuncia Nieves.

Atención pública en emergencia

Además de las dificultades con el tratamiento, Nieves resalta que hay crisis en lo que respecta a las consultas de VIH en todo el país. Reporta que se ha reducido en un 60 % el número de especialistas en VIH en los centros de salud públicos, tanto en lo que respecta a médicos como a personal de enfermería y otros profesionales de la salud.

“Se unieron a la diáspora, buscando mejores sueldos y calidad de vida. Y es por ello que observamos que los días de atención y horario en las consultas de VIH se han reducido y no pueden responder a la gran demanda de las personas cuando acuden”, lamentó.

Actualmente, en Caracas, solo hay una consulta de VIH en el Hospital Algodonal. Mientras que en el Hospital Vargas de Caracas, segundo centro de salud más importante de atención a pacientes con VIH en el país, apenas hay tres médicos especializados en el tema.

Por su parte, en el Clínico Universitario de Caracas, que alberga el mayor servicio de atención al paciente con VIH, están saturados para dar respuesta a cerca de las 6.000 personas registradas.

Y en el interior del país, la situación es más crítica. En Zulia, el segundo estado del país con más afectación en materia de VIH, hay una única consulta con tres infectólogos para atender a un estimado de 8.000 a 10.000 personas.

En entidades como Mérida, Nueva Esparta, Lara y Yaracuy la situación es aún más cuesta arriba. Los pacientes con VIH son atendidos por médicos con otras especialidades, que hacen grandes esfuerzos para su capacitación, y a pesar de las infraestructuras derruidas y equipos obsoletos. “Las consultas y las farmacias están dando respuesta gracias al compromiso, ética y gran responsabilidad del personal de salud que está allí”, reconoce Nieves.

Sin capacidad diagnóstica gratuita 

El Estado venezolano no ha procurado recursos para garantizar respuesta diagnóstica en materia de VIH Venezuela desde 2016. Desde finales de 2022, y gracias de nuevo a la cooperación internacional de distintos organismos, se han donado a la sociedad civil y gremios como la Sociedad Venezolana de Infectología reactivos de la prueba rápida de cuarta generación.

“A los 20 minutos, el dispositivo revela el resultado y es 100 % confiable. Eso ha ayudado a registrar nuevos casos”, dice Nieves. Algunos de estos reactivos llegan a las consultas de VIH del sistema público de salud y a otros servicios médicos. Pero la cantidad sigue siendo insuficiente para la demanda.

“En Lara hacen jornadas, pero apenas una o dos al año. Es insuficiente para la gente que vive con el virus en el estado y sus cercanías, porque antes se atendía también a los pacientes que venían de Lara, Yaritagua, Acarigua. Nadie tiene certeza de cuándo se hacen y, prácticamente, tienes que correr con suerte de que cuando te toque consulta con el médico que te atiende por el programa nacional estén por hacer una jornada y te incluyan en ella”, relató Manuel, quien se controla en el Seguro Social Pastor Oropeza de Barquisimeto.

Los exámenes confirmatorios de VIH solo se hacen en laboratorios privados. Algunas ONG practican la prueba de carga viral de forma gratuita gracias a los donativos del Fondo Mundial, la OPS y otros organismos.

Y aunque recientemente se amplió la capacidad diagnóstica a través de nuevos equipos también donados por el Fondo Mundial, la crisis de infraestructura y de servicios públicos limita su funcionamiento.

“En la red de laboratorios de sistema público se acaban de instalar catorce equipos donados por el Fondo Mundial para practicar la prueba de carga viral, no solo en Caracas, sino en el interior. Tenemos estos equipos, pero la infraestructura de la red pública tiene problemas como la electricidad, falta de equipos de refrigeración de muestras de sangre, no funcionan los aires acondicionados o carencia de agua”, lamenta Nieves.

A esto se añade que otros tipos de pruebas de laboratorios para detectar enfermedades o infecciones asociadas al sida no están disponibles en sistema público de salud. Tampoco la posibilidad de hacerse rayos X ni tomografías para evaluar infecciones respiratorias, comunes en las personas con sida.

En privado, las pruebas de carga viral pueden llegar a costar entre $ 100 y $ 150. De acuerdo con la norma técnica del MPPS, este examen debería hacerse al menos dos veces al año, pero la OMS recomienda practicarla cada tres meses. “¿Cómo hace un venezolano que viva en situación de pobreza para incurrir en este gasto?, pregunta el director ejecutivo de ACCSI. Y los venezolanos en pobreza son la mayoría, según la más reciente encuesta Encovi.

La realización de estas pruebas es fundamental para monitorear el estado del virus y la adherencia al tratamiento. El conteo de CD4 permite medir la cantidad de este tipo de glóbulos blancos que combaten infecciones, como lo explica Medline Plus. 

El VIH suele justamente atacar este tipo de linfocitos y disminuye la capacidad del sistema inmunitario para defenderse. Con esta prueba, los médicos pueden determinar si una persona con VIH está en riesgo de tener complicaciones graves o qué tan bien está funcionando el tratamiento antirretroviral indicado.

Por su parte, la prueba de carga viral es una medición de la cantidad de VIH que hay en la sangre que sirve para seguir la evolución de la infección.

Destino incierto sin ayuda internacional

El hambre es otro agravante de la situación de las personas con VIH en Venezuela. Un monitoreo comunitario de ACCSI que se practicó entre enero y abril de 2022 encontró que 9.244 personas con VIH manifestaron haber tenido hambre al menos una vez al mes.

Esto significa que se quedaron sin alimentos y/o pasaron un día o más sin comer, posiblemente por la falta de disponibilidad de alimentos y/o por carecer de dinero u otros medios para acceder a ellos.

La organización aclara que, aunque una buena nutrición no puede prevenir ni curar la infección en las personas con VIH, también es cierto que si se le asocia con la ingesta de la terapia antirretroviral “retrasa de forma significativa la progresión del virus hacia las etapas terminales”.

Según la última data oficial del MPPS, del año 2021, unas 104.000 personas viven con VIH en Venezuela. Los nuevos casos anuales oscilaban entre 2.000 a 4.000 anuales. Solo 58.000 personas reciben tratamiento, asegura el director ejecutivo de ACCS.

La vida de ellas y de las que aún no reciben medicamentos depende de la cooperación internacional mientras el Estado siga sin responder.

“Si ellos se van del país -los organismos internacionales- las personas con VIH tendrán un destino incierto y amenazante para sus vidas y estarán en alto nivel de riesgo”, advierte Alberto Nieves.

Por último, informó que en ACCSI mantiene un servicio de orientación médica y nutricional y psicológica para personas con VIH y personas de la comunidad LGBT, tengan o no VIH.

Los interesados en acudir al servicio pueden llamar al teléfono 0212- 2327938 para tomar su cita. Para más información, visitar el sitio web www.accsi.org.ve, o las cuentas en redes sociales: Twitter: @ACCSI_VIHSIDA/ Instagram: @accsivihsida.

Con información de Runrunes