Arco Minero del Orinoco: 4 años de destrucción ambiental y combustión para la violencia

El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó mediante el decreto
presidencial N° 2.248 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minero del Orinoco (AMO) y puso a la disposición 111.843 kilómetros
cuadrados para la explotación de minerales con el objetivo de generar
una fuente de ingreso distinta a la del petróleo para fomentar el
crecimiento del país.

No obstante, la realidad actual del sur del estado Bolívar evidencia
las falsas promesas y el discurso vacío del gobierno ante la supuesta
planificación estratégica que representaba el AMO para dar un salto
financiero ante la inminente llegada de una crisis económica.

El Arco Minero del Orinoco constituye el 12,2% del territorio
nacional y se encuentra al margen del río Orinoco, principal fuente de
agua del país. También, en esta zona habitan comunidades indígenas y
posee una gran biodiversidad.

Por otra parte, es foco de grandes minas de minerales de bauxita,
coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, entre otros. Estas son fuentes
económicas bastante llamativas para el Estado, quienes autorizaron su
extracción y comercialización a todo dar ignorando dos fundamentos
elementales planteados en la Constitución.

El artículo 129 de la Carta Magna establece que es una obligación
realizar un estudio ambiental y sociocultural en las actividades que
puedan causar graves daños al ecosistema. A este se le suma el artículo
120 que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats
indígenas “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y
económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y
consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Pero en el Arco Minero del Orinoco reina la violencia impuesta por
los grupos armados que controlan las minas a plena vista de los cuerpos
de seguridad del Estado. Además, la explotación a todo dar sin el
equipamiento correspondiente ni con la tecnología necesaria, representa
un impacto fatal para el medio ambiente y pone en riesgo tanto a la
biodiversidad como a las comunidades originarias que habitan en la zona.

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en su último informe indicó: “seguimos registrando altos niveles
de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado
Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en
el Arco Minero del Orinoco”.

La fuente de empleo que se pretendía construir con el AMO, terminó
convirtiéndose en una gran ola migratoria proveniente del interior del
país con esperanza de generar ingresos, expandiendo la minería ilegal y
transformándolos en participes de los sindicatos, patrones de la
violencia.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó en la investigación Fosas del Silencio: los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado, 107 personas fallecidas en el contexto minero entre enero y septiembre de 2019.

El especialista en gestión social del ambiente y coordinador de Clima
21- Ambiente y Derechos Humanos, Alejando Álvarez, desnudó la farsa que
acabó siendo el proyecto gubernamental del Arco Minero del Orinoco en
su artículo Cuatro años del Arco Minero del Orinoco: preguntas pasadas, respuestas presentes y acciones futuras a través de inquietudes lógicas que surgieron cuando su anunció el plan en 2016.

Álvarez señala que el balance de los costos reales de esta operación
es muy desfavorable. Se traducen en daños ambientales por la destrucción
de cuencas, bosques y efectos de la contaminación; en daños sociales y
culturales por la violación de derechos humanos y la destrucción de las
comunidades indígenas; y en daños económicos por la corrupción que hay
detrás del extractivismo.

Para el régimen de Nicolás Maduro, el AMO representa una alternativa económica para el sustento de su régimen, por lo que tener su control es fundamental. Pero la realidad habla por sí sola: ilegalidad, destrucción y muerte es lo que se puede encontrar en el Arco Minero del Orinoco.

Con información de Correo del Caroní