Apelación sobre el Caso Paramacay se mantiene «retenida» por jueces de Carabobo
Los abogados Luis Armando Betancourt y Jennie Gutiérrez denunciaron que el expediente del caso Paramacay se encuentra «retenido» en la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, que había fijado un lapso de 15 días para responder a la solicitud de apelación de las condenas a 30 años de prisión dictadas por el juez Luis Ovalles el 18 de diciembre de 2025.
La audiencia de apelación se produjo el 26 de agosto durante más de seis horas y presentó algunas interrupciones debido a fallas eléctricas en los centros penitenciarios donde se encuentran algunos de los involucrados que debía participar vía telemática.
«Esta decisión requiere que se traten puntos de mero derecho, que se evalúen bien las circunstancias que denunciamos, desde la tortura hasta los tratos crueles, inhumanos y degradantes como también los efectos de las formas y principios procesales», señaló entonces Betancourt.
Los abogados del Foro Penal, que llevan la defensa de 10 de los 23 acusados, detallaron que este caso reúne varios vicios que deberían derivar en la nulidad absoluta de la sentencia:
- Incompetencia juridisccional: debido al procesamiento de delitos militares en tribunales ordinarios, cuestión que contraviene el derecho al juez natural (artículo 49 de la Constitución).
- Negación de asistencia jurídica: alegan que hubo una falta de asistencia técnica y jurídica efectiva a cinco de los imputados, entre ellos el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott.
- Violación a la inmediación: el desarrollo del proceso penal tuvo numerosas interrupciones y juzgamiento en ausencia de algunos de los imputados. Asimismo, no se individualizaron los delitos, no se fundamentó debidamente la supuesta motivación, entre otras cuestiones.
- Paralización intencional del expediente, con el objetivo -argumentaron los abogados- de impedir el uso de recursos legales por lo que se configura una clara denegación de justicia y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
La abogada Gutiérrez indicó además que han solicitado la designación de un juez suplente de la Sala 1 de la Corte, pues «la doctora Scarlett Mérida se encuentra de reposo desde el 16 de septiembre que no da despacho esa sala. No entendemos por qué el presidente del Circuito (Carlos Alberto Bonilla) no ha designado un juez suplente, pero cuestión extraña, la semana pasada solicitó la causa y actualmente el caso Paramacay se encuentra en presidencia».
Familiares del caso Paramacay protestan
Familiares de varios de los condenados por el caso Paramacay protestaron en la sede del Palacio de Justicia del estado Carabobo, donde denunciaron las continuas violaciones a los derechos humanos de este grupo, el incumplimiento de los lapsos procesales y recogieron firmas para impulsar una petición ante la Inspectoría General de Tribunales.
En ese documento denuncian la actuación del juez Carlos Alberto Bonilla, presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, a quien responsabilizan por las continuas violaciones a los DDHH y el debido proceso de los 23 implicados en la causa.
El caso se remonta a la madrugada del 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas, liderado por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott asaltó el Fuerte Paramacay ubicado en Valencia, estado Carabobo.
El objetivo del asalto, denominado como «Operación David», era sustraer armamento de alta potencia para iniciar un movimiento de resistencia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tras un enfrentamiento que dejó dos muertos y varios heridos, Caguaripano y el capitán Yuaris Rengifo lograron escapar con el arsenal, siendo capturados días después en Caracas.
Los implicados fueron acusados por los supuestos delitos como traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela. El grupo fue condenado a 30 años de prisión.
TalCual