AN-2020 posterga debate de ley que plantea quitarles los bienes a funcionarios corruptos
La Ley de Extinción del Dominio pasará una tercera semana, desde que fue propuesta por urgencia parlamentaria, sin ser aprobada definitivamente. La segunda discusión de la norma, que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes derivados de actividades ilícitas, quedó casi a medias en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 que se realizó el jueves 20 de abril.
Por unanimidad fueron aprobados 18 de los 46 artículos que integran el documento legal. El proyecto de ley fue presentado por primera vez a la plenaria el 31 de marzo, en medio del escándalo de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios de gobierno y las empresas estatales Petróleos de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El proyecto, que ha sido presentado por el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, ofrece establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, sin contraprestación ni compensación alguna.
Sobre la norma, Cabello detalló que consta de cuatro capítulos. Explicó que está basada en un modelo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que se contempla que los países están en la obligación de disponer de los bienes derivados de la corrupción para su uso eficiente.
Cabello dijo a la plenaria que la Ley de Extinción del Dominio será un complemento a las detenciones de funcionarios públicos inmersos en actos ilícitos y que no puedan justificar la procedencia de bienes o riquezas. «El Estado no va a permitir que esos bienes se dañen». Agregó que se contempla en la norma que se usen esos activos para atender varios frentes, entre ellos el social, de infraestructura y seguridad ciudadana.
El diputado, también primer vicepresidente del PSUV, recordó que el martes 18 de abril la ley fue sometida a consulta pública, en la que participaron más de 350 personas, representantes del Poder Ciudadano, Judicial, Legislativo, Ejecutivo, de los cuerpos policiales, Ministerio Público y las comunas. Añadió que el encuentro contó con unas 124 salas online, por lo que se estima que participaron 10.000 personas. Según Cabello, ese mismo día se obtuvieron más de 1.200 propuestas.