Alianza Regional por Libre Expresión pide libertad para comunicadores presos en el país
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechazó las políticas de criminalización del Estado venezolano contra quienes ejercen sus derechos civiles y políticos, en particular periodistas y comunicadores sociales, a través de detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares y graves violaciones al debido proceso y pidió la libertad para estas personas.
De acuerdo con datos públicos recopilados por organizaciones locales, hasta este mes de diciembre al menos 22 periodistas y comunicadores permanecen detenidos arbitrariamente en el país por el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de prensa y de asociación con fines sociales o políticos.
La Alianza advirtió que estas detenciones están marcadas por faltas graves al debido proceso, entre ellas desapariciones forzadas temporales, negación del derecho a abogados de confianza, incomunicación prolongada, desatención médica, castigos, prohibición de visitas y ausencia total de información sobre los procesos judiciales.
La Alianza Regional denunció que los familiares pasan meses sin conocer el paradero de las personas detenidas y cuando finalmente logran ubicarlas, el contacto suele ser breve, debido a nuevos traslados que no son informados oficialmente. También se han documentado castigos físicos y represalias contra quienes denuncian las condiciones de reclusión o la falta de independencia judicial.
La organización alertó además sobre el uso del aislamiento como mecanismo de castigo y sobre la situación de personas con enfermedades crónicas, quienes no reciben atención médica ni medicamentos de manera oportuna, lo que representa un grave riesgo para su vida e integridad.
Sistema articulado para la represión
Según la Alianza, estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política represiva articulada desde las instituciones del Estado. Denunció que el sistema judicial actúa subordinado a las altas autoridades, mientras que la Fiscalía presenta acusaciones sin pruebas y la Defensoría del Pueblo guarda silencio ante las demandas de las víctimas, lo que ha derivado incluso en la pérdida de su acreditación internacional.
«Cuando el Estado no ejerce la violencia de forma directa, lo hace a través del silencio o facilitando la impunidad», señala el pronunciamiento.
El comunicado cuestiona la narrativa oficial de diálogo y paz promovida por el oficialismo, al considerarla incompatible con prácticas como la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y la negación sistemática de derechos fundamentales. «No puede hablarse de respeto a los derechos civiles y políticos mientras se reprime a quienes se expresan y ejercen sus libertades», subraya la Alianza.
Venezuela como antecedente regional
La organización recordó que desde hace varios años ha documentado y denunciado prácticas autoritarias en distintos países de la región, y señaló que Venezuela fue un ejemplo temprano de políticas regresivas que hoy se han extendido en otros Estados del continente.
Estas prácticas, según explicó, avanzan desde la estigmatización del discurso crítico hasta el uso de procesos judiciales arbitrarios para castigar la libre difusión de ideas, reducir el escrutinio público y promover la autocensura, llegando incluso a imponer penas de cárcel por expresiones críticas legítimas.
«Cuando la privación de libertad se instala como un mecanismo frecuente de sanción, la denuncia colectiva se convierte muchas veces en el único recurso para aumentar el costo de los abusos», advirtió la Alianza.
Los periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación indentificados por la Alianza Regional como detenidos arbitrariamete son: Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Carlos Julio Rojas, Carlos Marcano, Gabriel González, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Leandro Palmar, Leocenis García, Luis López, Mario Chávez Cohen, Nakary Ramos, Nicmer Evans, Omairo Daniel Castellanos, Pedro Guanipa, Ramón Centeno, Roland Carreño, Rory Branker, Salvador Cubillán y Víctor Ugas.
Con información de TalCual