Abogados del interinato y Miraflores piden pausa conjunta en litigios de Pdvsa en EEUU

El bufete de abogados White & Case LLP, que representa a entidades del Estado venezolano vinculadas al interinato de Juan Guaidó —incluyendo a la junta ad hoc de Pdvsa—, presentó el 3 de abril de 2026 una carta conjunta ante la jueza magistrada Sarah Netburn, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés), en la que solicita una suspensión de 45 días en cuatro casos judiciales relacionados con Venezuela.

La solicitud, firmada también por los bufetes León Cosgrove Jiménez, LLP y Kellner Herlihy Getty & Friedman LLP, está dirigida formalmente a darle tiempo suficiente a la encargada del Ejecutivo venezolano, Delcy Rodríguez, para designar abogados permanentes que representen a Venezuela y a sus entidades estatales ante esos tribunales, incluyendo a Pdvsa.

La carta cita expresamente la declaración que el gobierno de Estados Unidos presentó ante el mismo tribunal el 11 de marzo de 2026, en la que Washington reconoció a Delcy Rodríguez como «la única Jefa de Estado, con capacidad para actuar en nombre de Venezuela». Los propios abogados signatarios de la carta reconocen esa autoridad.

«A la luz de este reconocimiento oficial», señala el documento, se solicita la pausa procesal para garantizar «la representación continua e ininterrumpida de los intereses y la protección de los activos» de las entidades venezolanas en los tribunales estadounidenses.

Los casos incluidos en la solicitud de suspensión son: Stansell v. FARC (16-mc-405), Pescatore v. Pineda (18-mc-545), In re Claims Against the Valero-Petrocedeño Account (20-mc-249) y Osio v. Maduro Moros (25-mc-390).

Los abogados señalan que los demandantes en los casos Caballero, Stansell y Pescatore no se oponen a la pausa, siempre que esta no afecte sus mociones de entrega (turnover motions) pendientes contra Samark López Bello y sus entidades relacionadas. Los abogados de los Osio, en cambio, indicaron que no pudieron comunicarse con sus clientes para conocer su postura.

El movimiento no pasó desapercibido para analistas y observadores. El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández lo describió en redes sociales como «un desarrollo interesante en la representación legal de Venezuela» que «puede sugerir un enfoque colaborativo, no confrontacional» entre las partes que hasta ahora han actuado en trincheras opuestas en los tribunales.

Al final del período de suspensión, los abogados anticipan que la representación permanente de Venezuela quedará formalizada, con las delegaciones de autoridad correspondientes, lo que eliminaría la necesidad de los alegatos suplementarios previstos para el 9 de abril y resolvería el asunto de la autoridad de representación «sin mayor litigio», según indica la carta.

Con información de TalCual