ABC de la censura: persecución, cárcel y destierro

 

Los eufemismos están para usarse. Reestructuración: la misma palabra que en septiembre de 2008 utilizó Canal I para justificar el despido de los periodistas Idania Chirinos y Vladimir Villegas es la misma expresión que se usó desde la emisora de radio La Romántica 88.9, del circuito FM Center, para informar la salida del locutor Isnardo Bravo, quien fue notificado del fin de su programa. El hecho se dio a conocer el 27 de agosto desde su red social Instagram, donde empatizó con la difícil situación que deben lidiar los dueños de los medios de comunicación para preservar espacios.

“Hay una nueva realidad en FM Center. Hay una reestructuración en la programación y en esa realidad no hay espacio para ‘Isnardo ni tan bravo. Así que tengo que despedirme… no era el final que quería o aspiraba, pero es el final que hay (…) Yo comprendo con absoluta responsabilidad y sin ningún tipo de egoísmo que una empresa tiene muchos empleados y que esos empleados son importantes. Por eso comprendo sin ningún problema que hay que resguardar el bienestar y el futuro de esos trabajadores”, lamentó el periodista en redes sociales.

La censura tiene sus propios códigos. Por las mismas razones del caso Isnardo Bravo -pero con otras palabras: “modificación en la programación”– se terminó el contrato de Unai Amenábar, presentador de noticias de Venevisión en 2011. Bajo el pretexto también de “cambios en la programación”, en mayo de 2007, se precipitó el fin del contrato de la periodista Marietta Santana de La Tele, por asistir a una protesta contra el cierre de Radio Caracas Televisión (2007), su antigua casa profesional: hecho que el chavismo originario, representado en el exministro Andrés Izarra desconoce y sigue intentando legitimar como una “no renovación de concesión”, tal como aseguró en entrevista a VPI TV, en agosto de 2024. Declaró que RCTV nunca emitió operaciones en televisión satelital y cableoperadoras.

En la identificación de otros estándares, verbales y no verbales, también se ha empleado la intimidación con personal de seguridad, que supervisa los últimos minutos de los periodistas bajo asedio y les retira sus credenciales durante sus últimos minutos, como si hubieran cometido delito, en un intento de degradarlos.

Esto ocurrió con los reporteros Odell López del diario Últimas Noticias, tras la publicación de un reportaje sobre el territorio Esequibo en reclamación; y Jennifer López de Canal I, tras ser expuesta al escarnio público en el programa La Hojilla, del canal del Estado VTV, por retirarse -en solidaridad- de una rueda de prensa del PSUV en la que se negó el acceso a su colega Beatriz Adrián de Globovisión. Ambos reporteros, de apellido López, fueron desalojados bajo coacción de Canal I y del diario Últimas Noticias. En este patrón, por ejemplo, algunos medios se mimetizan con los órganos reguladores del Estado, convirtiéndose así en censores de su propio oficio.

Marianela Balbi, directora ejecutiva de la ONG Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, considera que aunque existen algunos casos muy representativos, no necesariamente el despido de un periodista obedece a una decisión corporativa. Sin embargo, aclara que eso es algo que no le corresponde responder a ella, sino a los involucrados.

“La palabra ‘reestructuración’ pasa a ser entonces el eufemismo que se usa para justificar una decisión válida dentro de lo que puede resultar mejor en la estructura empresarial. Esos casos, citados en esta investigación, sin duda que están cubiertos por un eufemismo que podría implicar otro tipo de decisiones, para adecuar una línea editorial a lo que se espera en el sector gubernamental de estos medios. Esto no sería autocensura, sino la respuesta a una presión”, señala Balbi.

El uso de la fuerza con personal de seguridad, en su opinión, es desmedida y se usa para enviar un mensaje a los profesionales que quedan dentro de esas salas de redacción, “estableciendo patrones de modelaje”, precisa.

La baja de Isnardo Bravo en la radio nacional reduce otro espacio a los ya descontados con los cierres del diario La Voz en Miranda y las emisoras Hispana 89.5 FM, Victoria 103.9 FM y La Playera 101.7 FM en los estados Yaracuy, Aragua y Carabobo, respectivamente. Estos cierres, que ocurrieron en 2024 durante la administración de Maduro reeditan a otros ya conocidos en los períodos de Hugo Chávez con la cadena radial CNB en Zulia, Caracas y Táchira, además de Órbita 107.5 FM y Radio Bonita La Guapa 15.20 AM, en los municipios de Puerto La Cruz y Guatire en 2009.

Años más tarde, ya en 2024, se registró el bloqueo permanente de la red social X y más de 100 sitios web de ONG y medios digitales (algunos de origen impreso) que sólo pueden leerse con VPN, según reportes del observatorio de derechos digitales Ve Sin Filtro. Asimismo, bloqueos temporales e intermitentes a las redes Tik Tok y Telegram. También al site de comercio electrónico Mercado Libre y las plataformas de streaming Amazon Prime Video, Max y Disney, lo que convierte a Venezuela en un territorio incierto de aislamiento.

Se añade también, después de la elección presidencial del 28 de julio, la detención de una decena de profesionales de la comunicación. Algunos con cargos de terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos, que compromete a diferentes roles del ejercicio del periodismo, sea cual sea la formación o cargo del profesional: Yousner Alvarado, Fernando Chuecos y Deysi Peña (fotógrafos); Ana Carolina Guaita y José Gregorio Camero (reporteros), Eleángel Navas (community manager), Gabriel González (comunicador institucional), Paúl León (camarógrafo), Carmela Longo (redactora de la fuente espectáculos, liberada con prohibición de salida del país) y Gilberto Reina (editor del medio La Sapa del Orinoco, excarcelado en el mes de noviembre). Presos todos en distintos contextos electorales, por citar sólo algunos casos de los registrados en Trujillo, Anzoátegui, Miranda, Barinas, La Guaira, Bolívar, Guárico y Caracas.

Entre este grupo de comunicadores se han confirmado dos liberaciones, hasta la fecha de publicación de este reportaje.

En contexto electoral ocurrió también la detención del periodista Víctor Ugas y entre los comunicadores institucionales, el asilo en la Embajada de Argentina de la periodista Claudia Macero, directora de comunicaciones de Vente Venezuela, organización a la que pertenece María Corina Machado.

Niños, adolescentes, abogados y trabajadores de la prensa son los nuevos segmentos de detenciones arbitrarias que encabezan titulares en el contexto de las elecciones presidenciales, y que se suman a las clasificaciones ya conocidas como hombres, mujeres, civiles y militares.

“´¿Mamá, qué es fascismo?´ Adolescentes acusados de delitos que ni si quiera conocen”. Es un titular  tan simbólico como revelador,  publicado por TalCual y firmado por la periodista Luisa Quintero el 5 de octubre de 2024, sobre niños y adolescentes presos tras las protestas del 28 de julio, que los une en la realidad que viven los profesionales de la comunicación. Por eso, mientras niños y adolescentes se preguntan tras las rejas qué es el fascismo, como acusación del sector oficialista, también surgen dudas sobre qué significa el delito de “incitación al odio” por el que se les acusa también a camarógrafos, community manager y fotógrafos.

Por delito de traición a la patria y propagación de noticias falsas en Nicaragua fue detenido, procesado y sentenciado a ocho años de prisión el periodista Víctor Ticay. No por informar sobre alguna protesta antigubernamental, como sería lógico pensar… sino por la cobertura de una procesión religiosa, lo cual le permite reconocer como propias las marcas de la cárcel de sus colegas venezolanos para quienes exige libertad.

“Desde las primeras horas de mi detención me sabía preso político de la dictadura en Nicaragua. Durante mi juicio no hubo preguntas relevantes asociadas a los cargos que se me imputaron. Me preguntaron si voté o no voté, o por qué publiqué equis cosa en redes sociales.  La traición a la patria ocurre cuando se divulga información confidencial que podría difundir un miembro del Ejército o alto funcionario público. Transmitir una procesión, en ese sentido, no debe ser calificado traición a la patria. Pero en Nicaragua constituye delito porque en las protestas de 2018 la Iglesia Católica refugió en sus templos a los disidentes que huían de ser capturados”, recuerda el periodista Víctor Ticay, detenido por levantar información de la procesión La Reseña, que se celebra en Semana Santa.

Durante 17 meses (en 517 días) era escaso cualquier tipo de acercamiento con el mundo exterior desde su detención el 6 de abril de 2023. No tenía acceso a libros o a cualquier otro tipo de lectura, asevera. “Literatura ninguna. No tenía acceso a libros. Me volví muy experto, sí, en leer las instrucciones del shampoo o en todos los ingredientes que se usan para hacer galletas, que observaba en las etiquetas de los pocos productos que pasaban por mis manos. Los leía una y otra vez. A diferencia de reos comunes que sí podían usar celulares, tener libros o leer la Biblia, yo como preso político no tuve nada de eso”, resiente.

Por eso no subestima la realidad de la cárcel que viven sus colegas.

“Ningún periodista debería estar preso. ¿Cómo se mide la democracia de un país?, observando el trabajo de los periodistas. Por eso pido al mundo y a la prensa internacional que no quite los ojos de Nicaragua y Venezuela, donde hay trabajadores de la prensa presos. Incluso desaparecidos como el caso de nuestra colega Fabiola Tercero, de quien no sabemos nada de ella en Nicaragua”, denuncia Ticay, quien fue excarcelado y refugiado en Guatemala por intermediación del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el Índice de Chapultepec 2024 -un estudio realizado por expertos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela para la Sociedad Interamericana de Prensa- Nicaragua, Cuba y Venezuela se ubican en la franja “Sin Libertad de Expresión”. Por su parte, en la medición universal de 2023 de la organización Reporteros Sin Fronteras, China se afianza como la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 121 presos. Le sigue Birmania (69), Bielorrusia (39), Irán (21) y Turquía (5). Venezuela, en ese mismo estándar, supera en 2024 la cantidad de detenciones que ubicó a Turquía en 2023 en el quinto lugar.

 

Fernando Ruiz, profesor y titular de la línea de investigación Periodismo y Democracia de la Universidad Austral en Argentina, establece que con este índice Venezuela está fuera de toda base estadística y conceptual para considerarse libre.

“Venezuela tiene un montón de personas encerradas, luchando por su libertad en una situación de asimetría brutal. Es una canallada demonizar al periodista bajo la acusación de terrorismo. ¡El Periodismo venezolano en la lucha democrática es muuuy muuyy bueno!, y ha emergido en medio de una transición tecnológica, siendo referentes en América latina. Se me ocurre, por mencionar un ejemplo, el trabajo del medio digital Armando Info, El Pitazo y tantos otros. Es lindo el mensaje que dan: ‘mientras más autocracia, más periodismo”, aplaude el investigador argentino.

Maneras de cuidarse

De nombre “Rogelio” para esta investigación, un reportero gráfico de Caracas comenta que prefiere ocultar los rostros y nombres de personas que entrevista en la calle, para evitar que el riesgo del comunicador se traslade a la fuente. “En las concentraciones políticas a favor del reconocimiento de resultados electorales,  invitamos a la gente a dar su testimonio de espalda, para cuidar su identidad y evitar la exposición pública”, explica el fotógrafo, cámara en mano.

En el ámbito de la radiodifusión, “Victoria” señaló que ha tenido que autocensurarse para pasar desapercibida ante Conatel, órgano rector de las telecomunicaciones. “Por iniciativa propia, los dueños de la emisora de radio y yo acordamos que era mejor tener unas vacaciones en el momento poselectoral. Esto vino acompañado de un silencio en mis redes sociales, para que todos estemos tranquilos”, admite la locutora y periodista de Caracas.

Como ella, un grupo de al menos 15 reporteros de los estados Aragua y Carabobo decidieron guardar silencio y no ofrecer entrevistas, al ser víctimas de una campaña de intimidación digital con la amenaza: “Se busca. Terrorista”, o la distinción “operadoras de la derecha fascista”. “Muchos consideramos no hablar de eso. Preferimos concentrarnos en maneras efectivas de cuidarse, limitándonos a repostear en la red X la denuncia que hicieron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas. Sólo eso”, repasa “Nina”.

Sin dejar de hacer su trabajo, los caricaturistas también se cuidan. “Resulta curioso cómo una caricatura que puede ser percibida como sencilla por parte del autor, de pronto tiene un impacto insospechado. Por eso me asustó la repercusión que tuvo uno de mis trabajos recientes, que se viralizó mucho más fuera que dentro del país. Ahora me cuido mucho más. No caricaturizo con la misma frecuencia de antes”, explica “Francisco”.

“Nadie está a salvo”, de esta manera lo indica un periodista con trayectoria en medios impresos, cuya identidad también se mantiene en resguardo. “Nunca en mis años de oficio he visto una arremetida de esta magnitud que compromete tantos cargos: al que graba, al que toma fotos, al que lleva las redes sociales, al locutor, al redactor y al reportero de calle. No necesariamente de la fuente política, incluso, hasta de la fuente espectáculos. El miedo a informar es real”, expresa “Rafael”.

La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras manifestó su más profundo rechazo a las detenciones arbitrarias y el acoso permanente a profesionales de la comunicación en territorio venezolano, como el que vivió la periodista ecuatoriana Dayana Krays, quien cubría una manifestación de la dirigente nacional María Corina Machado.

Dayana Krays fue detenida y posteriormente liberada. Semanas antes, supuestos funcionarios policiales armados y vestidos de civil, desalojaron de la zona del desastre por lluvias a los reporteros Andrea Fabbiani, del portal Atarraya, y Víctor González, del medio digital La Patilla, en Cumanacoa, estado Sucre. Ambos colegas fueron coaccionados a montarse en un vehículo, sin rumbo conocido, para evitar que hicieran su trabajo.

Se recuerda también la agresión contra el reportero de Televen Mauricio Cruz, por parte de presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.

De lo artificial a lo humano

La conclusión del Índice Chapultepec 2024 alerta que el desarrollo de tecnologías de la era moderna puede atentar contra el principio de veracidad de la información. Sin embargo, en Venezuela se encontró una manera de dar uso apropiado a las herramientas digitales, en virtud del fortalecimiento de la verdad.

Periodistas usan inteligencia artificial para proteger su identidad. Es el enfoque genérico que ha reseñado el medio Xataka, especializado en tecnología; también Radio Francia Internacional; Canal 13, de Chile; así como CNN y Telemundo, de Estados Unidos, para informar sobre la iniciativa denominada Operación Retuit: en la que dos avatares de hombre y mujer, con fenotipo y acento del país caribeño, reemplazaron los rostros de quienes sí están facultados para informar, pero por seguridad deben proteger su identidad.

La inteligencia artificial, usada en múltiples ocasiones para desinformar y anular puestos de trabajo, en Venezuela tiene fines gremiales y con enfoque de derecho. Carlos Eduardo Huertas, director de la organización Connectas con sede principal en Colombia, ayudó a integrar el esfuerzo de una gran alianza de medios independientes en Venezuela.

“Operación Retuit es el resultado de dos iniciativas informativas: Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, en el contexto electoral, para finalmente integrar a 235 profesionales de la comunicación venezolanos, en una experiencia de colaboración periodística sin precedentes. Aquí hay que desmontar la idea del genio solitario. En este caso fue la inteligencia colectiva echando mano con la inteligencia artificial, para demostrar que la forma de hacer periodismo en Venezuela cambió, desde la manera en la que se construyó el relato con estos dos avatares”, señala Huertas, periodista de investigación.

Se refiere a La Chama y El Pana: personajes creados para este proyecto; cuyos nombres (de acuerdo al Diccionario de Americanismos de la Real Academia Española) podrían traducirse como La Mina en Chile y El Parce en Colombia. Coloquialismos todos de “chica” y “amigo”, pero en argot venezolano para Operación Retuit.

“Operación Retuit es una experiencia con reseñas difundidas en más de diez idiomas, incluso en medios como The Guardian y BBC, de Inglaterra. Desde Connectas aportamos todo el apoyo en el diseño, recurso tecnológico y puesta en marcha con los equipos de Venezuela. Se procesaron más de 500 notas (informaciones) en un periodo de dos meses, incluso con la traducción del contenido en inglés. Pero un inglés con acento (latino), para no perder componentes de identidad”, matiza el periodista colombiano sobre la única temporada conocida del proyecto.

El espejo de Nicaragua

Néstor Arce, director del medio digital nicaragüense Divergentes, observa con preocupación lo que ocurre en Venezuela, en tanto que -al igual que la administración Maduro- el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene su propio sello en la manera de procesar las libertades. Es una experiencia muy particular donde no sólo han migrado periodistas, sino salas de redacción enteras, en medio de un desplazamiento internacional forzado. Divergentes, en este sentido, opera principalmente desde Costa Rica y también desde España, Estados Unidos y México. Pero comunica a su país de origen: Nicaragua.

Caso igual al de los medios República 18, Radio Darío, 100% Noticias, Nicaragua Investiga y Artículo 66, también nicaragüenses, situados en la ciudad de San José. Asimismo, el medio Coyuntura, desarrollado desde Honduras y Guatemala, para mantener informado a Nicaragua.

“En nuestro país recordamos casos como los de Canal 10 y otros medios audiovisuales que han tenido que bajar el perfil, cambiándole la fuente a algunos periodistas que ganaron notoriedad en alguna cobertura importante, como, por ejemplo, las protestas de 2018. Divergentes, por su parte, se vio obligado a desplazarse y operar desde varios territorios para poder informar. En mi caso, intenté en varias ocasiones renovar mi pasaporte, hasta que una fuente interna del servicio de identificación me notificó que corría peligro y salí de manera clandestina”, explica Néstor Arce, evidenciando cómo se utiliza el derecho a la identidad para coaccionar periodistas, situación reeditada en Venezuela con la anulación de pasaportes a miembros de ONG y profesionales de la comunicación.

Consultado sobre cómo opera un medio de comunicación fuera de sus propias fronteras, Néstor Arce explica que Divergentes mantiene una red de conectividad con una audiencia que pasó a ser espectadora a fuente de información. “El nicaragüense sabe qué medios consultar para mantenerse informado y contribuye de manera activa en nuestra gestión, considerando también que en Nicaragua no circulan medios impresos, pues todos fueron cerrados. Como el diario La Prensa, cuyos bienes fueron confiscados”, reseñó el director de este medio, que ha hecho investigaciones clave en la difusión de las protestas antigubernamentales de 2018 y el asedio a creyentes y religiosos evangélicos y católicos.

Del relato del periodista Néstor Arce se desprende la situación del diario La Prensa, cuyos bienes fueron confiscados en Managua, al igual que también fue embargada la sede del diario El Nacional en Caracas (2021), por publicar una investigación del diario ABC de España que incomodó a Diosdado Cabello, figura principal del chavismo en Venezuela. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en Nicaragua, en su informe de 2024, contabiliza nueve departamentos del país en los que ya no se ejerce el periodismo independiente, lo que representa el 53% del territorio nacional. Los departamentos son Jinotega, Granada, Carazo, Chontales, Nueva Segovia, León, Madriz y las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur. Por eso, mientras en Venezuela han dejado de circular una gran cantidad de periódicos y revistas, en Nicaragua ya no existen medios impresos.

“La manera de ejercer el oficio en Venezuela está al alcance de las herramientas que han venido desarrollando entre las limitaciones que tienen, con el cierre de la red social X y bloqueo selectivo a medios digitales. El miedo se siente entre periodistas de repetir algunos patrones en común con otros gobiernos, para que no se importen en su país esas maneras de gobernar. Nos encontramos también fuentes en Venezuela que prefieren no declarar por miedo a ser perseguidos”, concluye Néstor Arce, el joven director de Divergentes, desde el exilio.

Headquarter de la libertad

Ante el desplazamiento internacional forzado en Nicaragua, Luis Miguel Romero, doctor en Comunicación de la Universidad de Huelva (España), reflexiona que la migración masiva, por sí sola, ya dice mucho del país de origen. “Esto no sólo se ha visto en el caso de Venezuela, sino también en Colombia cuando el auge del narcotráfico en los 80-90. También en los estados fronterizos de México con Estados Unidos (como Ciudad Juárez o Tijuana) o, más recientemente, en Nicaragua hacia Costa Rica”, compara el académico, abogado y periodista de la Universidad Santa María (Venezuela).

En ese sentido, cree que “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo apostó por un ‘apagón informativo’ directo: cierre, confiscación y allanamiento de medios (sin mucha parafernalia ni eufemismos), periodistas presos y amenazados, y persecución judicial. La diferencia con Venezuela es que los medios nicaragüenses salieron masivamente a tiempo del país”.

Puntualiza que Costa Rica es un referente global de paz (donde también se trasladó el medio El Faro de El Salvador, con influencia también en Honduras y Guatemala). “Es un país sin Ejército que, dentro de la normalidad, ha sabido conducirse a tener buena estabilidad política y democrática. Eso convierte a Costa Rica en un territorio neutral -una especie de Suiza latinoamericana- para el ejercicio de la libertad de prensa. Lamentablemente, eso en Latinoamérica no es común”.

Insiste en que el país centroamericano es un ícono de pacificación en medio de una América convulsionada. “Es un faro de libertades para la región, que ha asumido un papel de headquarter (sede) de la libertad de prensa de Centroamérica. Mantener esto no es sencillo, sobre todo porque se trata de roces diplomáticos continuos con un país vecino por un problema que realmente no es costarricense. Pero también hay que entender que en países libres, también existe la libertad de empresa, de prensa y de expresión, por lo que, jurídicamente, la actividad que hacen medios como Divergentes, Confidencial o Nicaragua Actual en suelo costarricense, es empresarial”, precisó Luis Miguel Romero, también especialista en Política Internacional, con trayectoria como profesor del Tecnológico de Monterrey (México), Universidad Santa María (Venezuela), Universidad Rey Juan Carlos (España) y Universidad San Martín de Porres (Perú).

A las palabras del venezolano Luis Miguel Romero sobre Costa Rica se suma su par argentino -también doctor en Comunicación- Fernando Ruiz. Apunta que “en vez de estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, yo sugeriría a alguien estudiarlo en Costa Rica, entendiendo lo que significa para la región en este momento y a lo largo de su historia, por ser una de las democracias más estables entre tantos territorios en conflicto”, destaca Fernando Ruiz, quien ubica en el fenómeno de la migración oportunidades de generar capital social.

Sobre la expansión por Centroamérica del periodismo nicaragüense, compara cómo en la década de 1970 “dos periodistas argentinos exiliados, Rodolfo Terragno y Tomás Eloy Martínez, fueron editores de El Diario de Caracas, que tenía un modelo parecido al diario La Opinión de Buenos Aires y El País de Madrid. El periodismo, en ese sentido, aprende y asimila las tradiciones democráticas de otros países. Después de 30-40 años de Francisco Franco se sabía poco de periodismo en España y ahí los medios latinoamericanos históricos y el diario Le Monde de Francia generaban una tradición inspiradora para la nueva prensa española. Y cuando España empieza su recorrido democrático, vuelve esa influencia a Latinoamérica, mientras se desarrollaba en estos países el fin de sus dictaduras”, concluye Fernando Ruiz, doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra (España).

Sin duda, todo un universo emocional de símbolos que podría tener como banda sonora el tema de Mocedades: La Otra España, que da una resignificación a la migración forzada por el dictador Francisco Franco. Desde este lado de la historia, en 2024, sería La Otra Venezuela y La Otra Nicaragua, “entre notas de guitarra” y sus voces de libertad.

Nuevas fronteras

La apertura que vivió España, también se abre paso en el Caribe. Siguiendo el ejemplo de los medios nicaragüenses Despacho 505, Coyuntura, Onda Local y Divergentes, distribuidos en Centroamérica, Norteamérica y Europa, los medios venezolanos también amplían la nueva geografía de la información. Esta vez en la experiencia de VPI TV, que afianzó sus operaciones en Estados Unidos tras la confiscación de sus equipos de transmisión en 2021. Asimismo, el diario El Nacional, cuya nómina de 1.100 trabajadores entre directos e indirectos se redujo a 30 y ahora están distribuidos por el mundo, explica Miguel Henrique Otero, dueño del diario que fue embargado.

“En nuestra sede funcionaban varias de nuestras marcas: El Nacional, Primera Hora, El Propio, ¡Hola! y la editorial Libros El Nacional, la más grande de Venezuela. Ahora todo cambió. En la web de El Nacional tenemos una operación totalmente descentralizada. El equipo está entre España, Portugal, Estados Unidos y Venezuela. La gestión administrativa se hace en Miami, los servidores están en Texas, en Estados Unidos. Es una gestión descentralizada que se hace desde las casas de quienes conforman el equipo”.

Precisa que salvo que el periodista deba ir a una rueda de prensa en casos excepcionales, la redacción “se puede hacer en Venezuela o Singapur. Asimismo, hemos desarrollado una red de informantes y mecanismos de verificación de información”, explica Miguel Henrique Otero, quien prefiere que su personal se mantenga a resguardo “porque si algún periodista asiste a una rueda de prensa del gobierno se lo pueden llevar preso. Es una situación que también vive Nicaragua, con La Prensa y Confidencial de la familia Chamorrro. Sabemos que están fuera de Nicaragua. El Nacional, por su parte, no puede leerse en Venezuela en su página web, como tampoco pueden leerse los medios internacionales Infobae (Argentina), NTN24 (Colombia) y CNN (Estados Unidos). Habría que descargar un VPN si alguien quiere leernos”, sugiere el dueño de El Nacional, radicado ahora en España.

 Números rojos

De las estadísticas de la ONG Espacio Público, de Venezuela, reseñada ampliamente por la prensa, se desprende la cifra de 400 medios de comunicación cerrados en 20 años. De ese número global en dos décadas, 285 emisoras han desaparecido, lo que equivale a 71% de los medios clausurados. De medios nativos digitales se recuerda el allanamiento y cierre de Venepress, junto a TeleCaribe en 2019. El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), por su parte, señala que desde la creación de la editorial estatal Maneiro (que provee papel) en 2013, en Venezuela dejaron de circular 110 medios impresos. Entre esos, las revistas Producto, Clímax, Exceso, Sala de Espera, ¡Hola!, Dinero, Zeta, Paréntesis y Todo en Domingo, de diversas fuentes: desde mercadeo, publicidad y economía, hasta salud, entretenimiento y política.

La baja de medios impresos también se mide en las calles y autopistas, con la ausencia en kioscos y pregoneros (vendedores ambulantes) de marcas fundamentales del periodismo como La Verdad, El Carabobeño, El Impulso, TalCual, Correo del Caroní, El Tiempo,  Versión Final, Quinto Día, El Informador y El Nacional, por citar sólo algunos periódicos regionales y nacionales que agonizaron hasta desaparecer por falta de papel. Son las métricas de libertad de expresión durante la emergencia humanitaria compleja.

Cerraron el medio más antiguo de Venezuela

Decano del periodismo nacional, el diario más antiguo de todo el país dejó de circular en su sector de origen: el estado Lara, tras 114 años de historia para ese momento. Se trata del diario El Impulso, de formato estándar, a color y de seis columnas, que en 2018 se convirtió en su propia noticia con el cese de sus operaciones. “Circulamos a un cuerpo porque el Gobierno no nos vende papel” y “Hasta hoy se nos permite circular”. Convertido en noticia en sus propias páginas, estos fueron dos de los grandes titulares de El Impulso que alertaron sobre esta embestida silenciosa de la hegemonía comunicacional.

A diferencia del cierre de RCTV o el de Venepress, el cierre de medios impresos no fue verbalizado ni comunicado por alguna institución o portavoz del Estado. Juan Bautista Salas, reportero fundador de la corresponsalía de El Impulso en Caracas en 1971, señala que desde la creación de la corresponsalía durante el gobierno de Rafael Caldera ningún presidente cerró El Impulso. Sólo Nicolás Maduro en el año 2018.

“Con la creación de la Corporación Maneiro, el Gobierno nos dejó de dar papel para seguir operando, y eso le puso fin a una historia de 114 años para ese momento. En el estado Lara los desayunos se servían con café y el diario El Impulso en la mesa de los larenses, formando parte de la identidad de toda una región. Si bien nuestra web sigue activa, existe esa necesidad de los lectores por tenerlo en sus manos ya en papel. Eso es algo muy importante, porque es una expectativa que también se comparte puertas adentro de la redacción, en la ciudad de Barquisimeto. En nuestra sede todavía se le hace mantenimiento a la rotativa, porque siempre está presente la esperanza de volver a imprimir”, adelanta el periodista, quien tiene 53 años dentro de El Impulso, de los 120 que cumplió este medio de comunicación en 2024.

Con más de medio siglo trabajando para El Impulso, “nos enorgullece decir que estamos entre los 10 medios con más visitas diarias en la web en toda Venezuela. A nosotros nos ocurre lo mismo que a El Carabobeño y Correo del Caroní y otros medios independientes, que como periódicos tuvimos que quedarnos solamente en la web”, agrega Juan Bautista Salas. Consultado sobre la situación de sus colegas detenidos en escenarios poselectorales, agrega que “lo que está ocurriendo con los jóvenes periodistas es una situación dramática, marcada por la valentía de esos muchachos que aprendieron a hacer periodismo frente a una tanqueta en las calles, entre bombas lacrimógenas”, concluye el periodista de 83 años.

Las marcas del 28

El reportero Luis Gonzalo Pérez es precisamente de esa generación que refiere Juan Bautista Salas. Su incursión en el oficio está marcada por coberturas de alto riesgo en protestas que llevan a rojo el termómetro social, en su paso como reportero de Caraota Digital en Venezuela y como corresponsal internacional de RCN en Colombia, Telecinco en España y América Teve en Estados Unidos.

En motores digitales de búsqueda, su nombre arroja resultados de los no pocos ataques que ha sufrido: desde un intento de agresión con arma blanca, hasta ser intimidado por un supuesto funcionario del Estado, todo en plenas transmisiones en vivo para medios colombianos. Pero fue su último trabajo lo que le llevó a hacer una maniobra para conservar su integridad.

Ante el asedio de sus espacios naturales, los periodistas han encontrado en universidades, empresas, fundaciones, alcaldías, ONG y hasta partidos políticos nuevos lugares para desarrollar contenido, con otros objetivos y para nuevas audiencias. Luis Gonzalo Pérez, en ese sentido, bajó su exposición pública en medios, pero aumentó su riesgo político al sumarse a la cobertura de la gira electoral de María Corina Machado. Esta vez, Luis Gonzalo ya no era corresponsal, sino videógrafo que apoyaba a la organización política Vente Venezuela, donde fue contratado como profesional adjunto o externo en el área de la comunicación institucional. Desde aquel momento se sumaron más problemas a su vida.

Luis Gonzalo Pérez se mantuvo en clandestinidad, tras ser advertido por el equipo de Machado que debía resguardarse. Para camuflar su apariencia, su mamá le rapó el cabello, en un momento de quiebre e intimidad familiar, mientras ella lloraba. El reportero también cambió de casa y minimizó su presencia en redes, además de dejar su celular en otro domicilio para evitar rastreos. Pero nada de esto fue suficiente.

“Camionetas sin placas (matrículas) se estacionaban cerca de la casa de mi papá, para intimidar. Me mantuve en comunicación permanente con el equipo jurídico de María Corina Machado. Se optó por decirme que podían emitir orden de captura en mi contra. Por eso limité mis comunicaciones y uso de redes sociales. Abandoné mi casa.  El miedo invadía porque no hay manera de mantenerse a resguardo en un país donde se violan los derechos humanos”, relata el reportero, titulado en la Universidad Santa María.

De esta manera, Luis Gonzalo Pérez pensó lo que su par nicaragüense Néstor Arce, al replantear su permanencia en el país. “Por nombre y apellido, supuestos funcionarios de la estatal telefónica Cantv, vestidos de personal técnico, intentaron entrar a mi casa familiar para realizar un servicio. Eran no más que personal de seguridad del Estado, quizás para averiguar más de mí u obtener alguna información. Luego hicieron lo mismo al lugar donde me había mudado. Todo eso me llevó a tomar una decisión”, relata.

“Me llegaron mensajes de funcionarios policiales que en su propios estados colocaban ‘se buscan’, ‘se ofrecen recompensa’. Nunca puse un tweet de esto, ni lo denuncié, no hablé con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ni el Colegio Nacional de Periodistas. Me pregunté entonces: ¿hasta cuándo voy a estar escondido?, ¿cuánto va a durar esto?, se cuestionaba.

Entre tantas interrogantes y un inminente riesgo de captura decidió huir. Durante el trayecto aferraba en su puño un Cristo que colgaba de su pecho. En su espalda: un bolso con una camiseta, dos medias (calcetines) y un par de zapatos. No iba de turismo, ni había marcha atrás. “¡Ojalá no me vean, ojalá no me reconozcan!”, se repetía Luis Gonzalo Pérez, quien salió de su punto de partida a las 4:00 de la madrugada y, 16 horas después, estaba en territorio fronterizo, lejos de sus padres y tíos.

“Estoy ahora en Colombia, bajo un proceso de refugio, y en comunicación directa con funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. A diferencia de otros colegas venezolanos, cuyos pasaportes están anulados, el mío está bloqueado. Es decir, ni siquiera tengo oportunidad de entrar con mi correo y clave al sistema, algo que sé que pasa de manera similar en Nicaragua con miembros de ONG y trabajadores de la prensa”, dice ya a salvo Luis Gonzalo Pérez desde Bogotá.

Una vieja práctica

En casos de censura selectiva o a la carta, en Venezuela figura también la periodista Marta Colomina, silenciada en los tres formatos: prensa, radio y televisión. ¿Las razones? Su renuncia voluntaria del también centenario diario El Universal (2014) tras un resonado cambio editorial que los coloca ahora en una tendencia oficialista. Se recuerda también su salida de Televen (2005) y Actualidad 90.3 FM (2011). Ambas bajas ocurrieron en los mejores términos, pues entendía que su permanencia no podía reducir toda una oferta de contenido informativo y de opinión en medios radioeléctricos, al igual que en El Universal durante un éxodo masivo de articulistas.

“En Venezuela los dueños de medios no pueden admitir que están siendo presionados, porque los cierran. Televen y el circuito Unión Radio resistieron hasta donde seguramente pudieron”. De esta manera lo expresó Marta Colomina para la investigación Cuando los Medios son Noticia, libro editado en 2019 que atesora una de la última entrevista ofrecida por el economista Teodoro Petkoff, quien fue desincorporado de la dirección del diario El Mundo en el año 1999, por la influencia de un alto funcionario de gobierno de Hugo Chávez.

Al igual que Marta Colomina e Isnardo Bravo en La Romántica 88.9, Teodoro Petkoff defendió la posición de los dueños del antiguo grupo editorial Cadena Capriles al precisar que “nunca fui despedido de El Mundo”, sino removido de la dirección del periódico “por presiones ajenas a la voluntad de Miguel Ángel Capriles”, dueño de El Mundo para ese entonces, aseguró Petfkoff.

14 años después, se produjo la salida de un segundo director de un medio de la Cadena Capriles. Omar Lugo fue removido de la dirección de El Mundo, Economía y Negocios -medio creado tras el cierre del vespertino El Mundo en 2009- debido a un reportaje sobre el descenso de las reservas internacionales en Venezuela, publicado el 17 de noviembre de 2013. Para el despecho de los censores del Estado, el acoso recurrente a El Mundo en sus dos etapas (como diario vespertino y luego como tabloide especializado en economía)  influyó en la creación y desarrollo de no uno… sino dos medios de comunicación: el diario TalCual y el sitio web El Estímulo, dirigidos precisamente por Teodoro Petkoff (2000) y Omar Lugo (2014), respectivamente.

Dentro de ese círculo, otro periodista de la antigua Cadena Capriles ocupó la segunda etapa de la dirección de El Estímulo, tras la salida de Omar Lugo. Se trata de Jován Pulgarín: censurado y expulsado de la dirección del diario deportivo Líder, luego de la venta del conglomado de medios. “Muchas gracias por sus mensajes. En efecto, hasta hoy trabajé como director de @liderendeportes. Ha sido un largo y hermoso viaje”, expresó Jován Pulgarín en la red social Twitter el 26 de mayo de 2014.

“Según los detalles que se difundieron, la razón fue motivada a la jerarquización de una información deportiva” referida al desempeño de Venezuela en los Juegos Sudamericanos que al gobierno le interesaba posicionar, reseñó el Diario 2001.

Entre censuras a la carta también se registró la desvinculación, con calificación de despido formal, del periodista Jesús Hurtado en el periódico El Mundo, del grupo editorial Cadena Capriles. Esto por cuestionar en sus redes sociales personales la jerarquización de una información, sobre la muerte del joven opositor Bassil Da Costa durante las protestas de 2014, relegada a un pequeño espacio en el periódico Últimas Noticias, del mismo holding de marcas.

 

Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, expresa que lo que sí queda claro en el antiguo grupo editorial Cadena Capriles “fue plegar su línea en medio de un gran esfuerzo de transformación, de innovar y adaptar tecnologías de información a los tiempos por venir, con una redacción integrada que daba cabida a múltiples narrativas en distintos formatos”.

Estos esfuerzos, sin embargo, se vieron ensombrecidos por un cambio de rumbo, en “un viraje caracterizado por un periodismo capturado por el poder, considerando que la salida de Omar Lugo ocurre poco antes de la venta del medio de comunicación. Es una estrategia muy bien diseñada, en la que algunos actores privados se sumaron a la adquisición de medios de comunicación a cambio de favores al gobierno. Recuerdo a William Castillo, quien fue director del órgano regulador Conatel, decir en una audiencia de la CIDH que no hacía falta cerrar medios porque sencillamente ellos lo compraban”, señaló Balbi sobre esta fórmula también exitosa en Nicaragua.

De esta manera Últimas Noticias, Notitarde, Estampas, Globovisión, Líder y El Universal forman parte de ese circuito de medios privados que tras ser vendidos, son parte de la maquinaria comunicacional al servicio del Gobierno. Muchos usados para desinformar.

“Comprendo las presiones a las cuales están siendo sometidos los dueños de los medios. Entiendo la obligación de adaptarse al rigor de esta mordaza. (…) El poder del Estado, lamentablemente, es enorme. El Estado lo puede casi todo: puede moderar, puede contener, puede comprar, puede ablandar y dulcificar. Pero no todos estamos disponibles para ese propósito. Entretanto, les seguiremos acompañando por la misma ruta, pero a través de otros medios. Cualquier medio al que tengamos acceso será también de ustedes, al menos hasta que sea posible, y cuando ya no lo sea entonces sobrarán de nuevo las oportunidades para comprobarle al poder que las noticias vuelan y que las verdades son y serán siempre inocultables”. De esta manera reflexionó Marta Colomina al despedirse de su audiencia en Televen el 4 de marzo de 2005.

Son palabras que con el tiempo cobran valor desde el ADN creativo del oficio, en una lucha existencial por permanecer aún en condiciones de alto riesgo, con la persecución latente, la cárcel como amenaza y el destierro de los trabajadores de la comunicación de sus propios espacios y territorios. Son patrones adquiridos que llegan para quedarse en este ABC de la censura.