A trabajadores de Pdvsa les están recibiendo las solicitudes de amnistía «por protocolo»

«Hemos seguido ese protocolo. La semana pasada algunos familiares entregaron esa planilla solicitando esa amnistía y les dijeron que vinieran esta semana. ¿Sabes cuál es la respuesta que les acaban de dar en el tribunal? Que no le van a dar respuesta a esas planillas, las están recibiendo por recibirlas, por protocolo, pero ellos no van dar respuesta porque ellos dicen sencillamente que el caso no entra en la Ley de Amnistía».

Las limitaciones de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 19 de febrero y que solo abarca 13 hechos vinculados a «violencia política», empiezan a dejarse ver en la medida que avanzan las solicitudes ante los tribunales correspondientes.

Pese a que la normativa establece que los tribunales tienen 15 días continuos para responder, se están despachando algunas solicitudes en un tiempo menor. Sin embargo, la respuesta para los trabajadores de Pdvsa, detenidos entre los años 2024 y 2025 y señalados de daño patrimonial a la estatal, es negativa.

Familiares estiman que más de 170 personas están vinculadas al caso «Pdvsa Obrero», como lo han bautizado, bajo un solo expediente: 4020-25. Son trabajadores de las refinerías de Amuay y Cardón (estado Falcón), El Palito (Carabobo) y el terminal marítimo en el estado Anzoátegui.

El caso está a cargo de la jueza Alejandra Romero, del tribunal 29 de Juicio y Tercero con competencia en Terrorismo. En junio de 2025 se ordenó la apertura de juicio, «pero los tienen congelados».

Sicar, de 27 años y que tiene varias malformaciones congénitas que afectan su riñones, contaba con cuatro años en la industria petrolera cuando fue detenido junto a 43 trabajadores del estado Anzoátegui en octubre de 2024. «A él lo citó a una reunión de trabajo la gerente del terminal Marino. Cuando fue, ahí estaban los funcionarios del Dgcim y me desaparecieron a mi hijo. Supe de él después de 26 días cuando me llamó y me dijo que lo habían presentando ante un tribunal».

Esos 26 días, dice Ortega según lo comentado por su hijo, los pasó en la sede del Dgcim en Boleíta (municipio Sucre, estado Miranda). «Meterlos en un cuarto con aire acondicionado, bañarlos, echarles agua fría y dejarlos allí a merced del frío eso se llama tortura. Aquí y en cualquier parte del mundo se llama tortura».

«La audiencia de presentación se hizo de forma telemática por medio de un teléfono que ellos no podían ni oír ni mucho menos ver a sus defensores públicos. ¿Dónde se ha visto eso? No pudieron decirles a sus defensores públicos su situación, menos decir que ellos fueron torturados o secuestrados», afirma.

Uno de los pocos logros de Ortega es que la defensora pública de su hijo recibiera los informes médicos que certifican su estado de salud. «Fue lo único que logró recibirme porque cuando le intenté entregar las pruebas de que ese día mi hijo no estaba trabajando, estaba libre, lo que me dijo fue que ella no estaba solicitando eso. ¿Entonces qué iba a defender? Se están defendiendo ellos, al sistema judicial. Dejaron de ser defensores públicos de una sociedad para ser defensores públicos de un sistema judicial represor».

En diciembre pasado, los familiares se trasladaron a la Fiscalía 73 para pedir información del caso, y les dijeron que estaba en manos del Circuito Judicial Penal de Caracas. «Nos trasladamos hasta tribunales antes de que suspendieran las actividades por vacaciones y tuvimos que meter una denuncia en la DEM, en la Dirección de Inspectoría del TSJ, donde nosotros denunciamos formalmente al tribunal. Así finalizamos nosotras el 2025 y comenzamos el 2026 en las calles, de esta forma, porque en las calles es que podemos encontrar una respuesta que el sistema judicial no nos está dando».

Sin amnistía, sin justicia

Zimaru Fuentes reclama la «denegación de justicia» en el caso Pdvsa, así como las violaciones al debido proceso y la privación de defensa que han sufrido decenas de trabajadores de la industria o personas, como el padre de sus hijos, que no tienen vinculación a la estatal pero fueron vinculados al caso.

Al grupo se le imputó delitos similares: asociación para delinquir, tráfico de material estratégico, legitimación de capitales, contrabando agravado, evasión en el control de licitaciones.

«Ni ellos mismos saben lo que estaban haciendo en la Fiscalía, agarraban un copia y pega para todo el mundo (…) Tenemos burocracia, no tenemos liberaciones. Ni uno de los trabajadores de Pdvsa han sido liberados. Hay tres que sospechosamente les dieron cautelares, ¿y por qué los de nosotros no si tienen los mismos delitos?», denuncia Fuentes.

El papá de sus hijos, Larry Moya Alfaro, fue detenido el 10 de octubre de 2024 en Lechería, estado Anzoátegui, por funcionarios de la Dgcim, que lo citaron a una panadería a través de un amigo que ya había sido detenido y fue coercionado a llamarlo. El 25 de octubre fue presentado en tribunales de Caracas. En el expediente reposa que, supuestamente, fue detenido dos días antes de esa presentación judicial.

«No tiene nada que ver, ni siquiera hubo una orden de aprehensión y el tribunal, la Defensa Pública y la Fiscalía se prestaron para todas estas aberraciones», afirma Fuentes.

Moya Alfaro tiene amputada su pierna derecha. En la cárcel ha sufrido problemas cardiovasculares que comprometen el muñón de esa extremidad. También tiene problemas coronarios derivados de su cuadro de salud.

Desde hace nueves meses, los informes médicos de Moya, así como las solicitudes para atención médica inmediata y excarcelación por motivos de salud. No han sido atendidos hasta la fecha. Los «centenares», dice Fuentes, de solicitudes para juramentar abogados privados tampoco fueron respondidos. «A los defensores públicos, que violan su juramento, se les entrega pruebas y dicen que no lo van a recibir»

«(Larry) está tomándose siete pastillas diarias para controlar los dolores que tiene en la pierna, necesita una operación urgente. No puede dormir, es cardiópata y está afectado cardiovascularmente y en riesgo de perder el muñón que le queda. Nadie hace nada, ni siquiera la defensa pública porque aparte de que son impuestos no hacen su trabajo», asegura Fuentes.

Hace un mes fue la última vez que pudo hablar con el defensor. La respuesta: «hay que esperar, paciencia».

Señala que la comisión especial parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía sí ha sido receptiva, «pero estamos esperando que se reúnan para tratar estos casos. Les hemos dicho que ya están en cuenta de las fechas reales de detención, que están en cuentan de que hubo desaparición forzosa, están en cuenta que nos violaron el derecho a la defensa».

Sin vinculación a Pdvsa

A Carlos Hernández, un inspector del Cicpc con más de 15 años de servicio, funcionarios de la Dgcim lo detuvieron el 28 de octubre de 2024 en Caracas. Su esposa afirma que estuvo 25 días en desaparición forzosa, hasta que lo presentaron ante el Tribunal 1 de Control el 23 de noviembre de ese año y lo vincularon al caso.

Los defensores le han expresado a Yannis Rondón, la esposa de Hernández, que no tienen acceso al expediente o información sobre avances del caso. «En mi caso, me dicen que mi esposo está por una relación de llamada. Esa es toda la evidencia que hay y mi esposo es funcionario del Cicpc en Caracas. No tiene nada que ver con Pdvsa o estaba comisionado en Anzoátegui».

Así nos han mantenido estos 16 meses, recalca. «Nos piden paciencia, dicen que para los procedimientos tienen que esperar una orden. ¿La orden de quién? Es la parte que no sabemos porque no nos dicen el nombre y apellido».

Rondón también menciona que el primer fiscal acusador, Jean Karin López Ruiz, fue destituido por supuesta corrupción. El siguiente «solo ratificó la acusación en la audiencia preliminar. Tenía la oportunidad de individualizar los casos pero les pusieron los mismos seis delitos».

La mayoría de los trabajadores, como el inspector del Cicpc, se encuentran recluidos en Yare II. «Están en las mismas condiciones de una sola visita cada 15 días, la esposa o la mamá, las mismas condiciones de los presos políticos. Más beneficios tiene un homicida, un violador, un preso común que los de nosotros que son trabajadores y funcionarios de este país».

«Como funcionario está desconcertado, porque sabe que hay una violación del debido proceso. El explicarle que el tribunal de terrorismo tiene esta aplicación sobre ellos, todavía él no lo entiende», afirma Rondón.

Con información de TalCual