167 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto

Entre enero y agosto de este año se documentaron 89 casos que derivaron en 167 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país, según el más reciente informe de la ONG Espacio Público. Aunque la cifra representa una disminución de 64% en comparación con el mismo periodo de 2024, la organización advierte que no refleja una mejora estructural, ya que el año pasado estuvo marcado por una represión generalizada vinculada a las elecciones presidenciales.

El mes con más denuncias fue enero, con 39 casos, coincidiendo con la toma de posesión presidencial en la que se juramentó Nicolás Maduro, pese a que la oposición asegura que el ganador fue Edmundo González.

Las formas más comunes de violación fueron censura e intimidación (48 casos cada una), seguidas por restricciones administrativas (24), hostigamiento judicial (23) y verbal (13). También se registraron 11 amenazas.

El informe alerta sobre apagones y fallas de conectividad que afectaron el acceso a internet al menos en 10 ocasiones, además del cierre de cuatro emisoras de radio por parte de Conatel en Bolívar, Táchira y Portuguesa.

Casos destacados
El 21 de febrero Conatel clausuró Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM en Portuguesa y decomisó sus equipos.
El 27 de julio, en Cojedes, la periodista Pilar Guerra fue detenida e impedida de cubrir un evento electoral.
El 24 de agosto, los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres fueron expulsados tras permanecer retenidos 24 horas en el aeropuerto de Maiquetía.

Detenciones
En los dos primeros cuatrimestres se registraron 24 detenciones, principalmente de particulares (13) y periodistas (ocho). Aún permanecen encarcelados más de 30 detenidos de 2024, entre ellos los comunicadores Gabriel González, Luis López, Víctor Ugas y Leocenis García.

Uno de los casos más graves fue el del periodista de La Patilla, Rory Branker, desaparecido durante 206 días hasta que sus familiares confirmaron que estaba recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. La CIDH le otorgó medidas cautelares en agosto.

Asimismo, la periodista Nakary Mena Ramos, de Impacto Venezuela, continúa detenida desde abril, acusada de «instigación al odio» tras publicar un reportaje sobre inseguridad en Caracas.

Los periodistas fueron el grupo más afectado en cuanto a la violación de libertad de expresión (30 víctimas, 35% del total), seguidos por particulares (15) y medios/plataformas digitales (12 cada uno).

Las instituciones del Estado (45%) y los cuerpos de seguridad (28%) concentraron la mayoría de las agresiones, seguidos por operadoras privadas (19%).

En enero, además, se bloqueó durante 16 noches consecutivas la red social TikTok, mientras que en marzo se censuró el sitio web de la agencia internacional EFE.

El monitoreo también revela un incremento en el uso de cadenas presidenciales: entre enero y agosto se transmitieron 74 cadenas que sumaron más de 100 horas al aire, frente a las 34 que se registraron en el mismo periodo de 2024. Julio, mes de elecciones municipales, concentró la mayor cantidad de transmisiones.

Con información de TalCual